Corrupción, del latín corruptio. Putrefacción. Equivale a depravar, echar a perder, sobornar, pervertir o dañar. El concepto se utiliza para nombrar el vicio o abuso en un escrito o en cosas no materiales, por lo que puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Se aplica a la práctica del abuso de poder, de funciones o de medios para obtener provecho económico o de otra índole. De ahí deviene que corrupción política sea el mal uso del poder público para obtener ventajas ilegítimas.

La corrupción, por lo tanto, es un hecho natural: acción de la putrefacción; por ejemplo, el pescado a los tres días apesta. Lo que no es natural es esta aplicada al ejercicio del poder público que resulta de otro ejercicio, en ese caso perverso, tendente a buscar el beneficio personal en detrimento del de la población a la que el funcionario corrupto debe servir. En nuestro caso abarca los tres organismos del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, tal y como lo vimos a partir del pasado 16 de abril, cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la sacaron a la luz pública.

Del ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, publicado en la edición No. 3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com), tomo algunos datos sobre cómo se han asentado algunos poderes regionales y su interrelación con el sistema democrático caracterizado por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Este analiza la existencia de al menos 34 grupos de poder regional, consolidados y en formación, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del país en donde conforman complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública, tejiendo redes para la captura del Estado.

Una de esas, con más de sesenta constructoras regionales, canalizó entre 2004 y 2015 unos diez mil millones de quetzales en contratos públicos, por lo que contratistas y grupos empresariales se han constituido en su engranaje privado, configurado una economía informal o subterránea en la que la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Esos poderes, dice el ensayo, se han generado y consolidado desde el Congreso de la República, implicando a un 30% de los diputados. “Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones… En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, descrito por la Cicig como Red Político-Económica-Ilícita (RPEI), no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex) militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala”.

Ante esos hechos, las manifestaciones públicas exigiendo la renuncia al presidente Otto Pérez y depuración del Estado se justifican plenamente.

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