La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha vuelto a poner al Congreso en el ojo de la tormenta, con el más reciente señalamiento sobre cuatro diputados de Líder y el actual alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien en los últimos meses ha integrado esa misma agrupación. Las sindicaciones van en la misma línea de los últimos actos de corrupción gubernamental descubiertos, entre los cuales destacan el enriquecimiento ilícito, fraude, asociación ilícita y lavado de dinero.

Pero más de allá de los procesos para despojar de inmunidad a estos y otros diputados, lo más relevante es que una vez más la presión vuelve a centrarse en el Congreso, que históricamente ha sido la institución más desprestigiada del país y en la cual no ha sido posible lograr una depuración que resulte satisfactoria para los guatemaltecos. Hay que recordar que, hasta ahora, la actual legislatura ha sido una de las más ociosas, pues en lo que va del año no ha producido prácticamente nada, y en los meses anteriores su actuación fue deplorable. Para muestra un botón: la furtiva y por ende sospechosa elección de un integrante para la Corte de Constitucionalidad.

La máxima representación del pueblo tiene sobre sí la demanda nacional de poner límites a esos abusos y por ello es que desde distintos sectores se exigen las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Una discusión que no se anticipa fácil, pues ellos mismos deberían aprobar algo que reduciría sus desmanes.

Y esa no es la única brasa que calienta el hemiciclo, pues para este día están convocados los jefes de bloques para entrar a discutir la fecha en la que podría convocarse al pleno para someter a su consideración si procede el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Un tema candente que ha provocado incluso discursos públicos en el sentido de aprobar esa medida, aunque en lo privado muchos diputados tratan de evitar a toda costa que eso ocurra, pues sus intereses de bancada parecen atados al oficialismo.

Pese a las presiones externas, el Congreso parece empecinado en seguir por la vía de fingir oídos sordos al clamor ciudadano y, peor aún, trata de evadir a conveniencia las sindicaciones que pesan sobre muchos de sus integrantes, pues ahora resulta que el diputado liderista Manuel Barquín pretende impulsar un punto resolutivo que buscaría limitar el campo de acción de la Cicig, justo ahora que las investigaciones tocan a ese organismo, lo cual no había planteado antes, cuando los afectados eran otros.

Esta es una postura penosa porque esta misma bancada apoyó la extensión del mandato del ente internacional que ha desbaratado estructuras incrustadas en el Estado, y ahora, cuando hay allegados bajo señalamientos, con pruebas concretas, se da a la tarea de descalificar los hallazgos, pero es tan burdo el proceder que ni siquiera se toma un momento para cuestionar a sus correligionarios a fin de que expliquen con claridad el origen de sus bienes. Una postura repudiable y farisaica que desnuda la materia prima de la que están hechos numerosos personajes de la política nacional.