La fianza tiene por objetivo asegurar “las responsabilidades pecuniarias que puedan finalmente decretarse en la presente causa” .
Los exdirigentes concernidos están imputados en la investigación que lleva a cabo Andreu sobre las eventuales irregularidades en la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011.
Según un auto judicial hecho público este viernes, Andreu considera que Rato, Olivas, Verdú y Fernández fueron los responsables del acuerdo adoptado en el consejo de administración el 15 de junio de 2011 por el que se aprobaron los estados financieros de la entidad para la publicidad de salida a bolsa y “cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios” .
El magistrado hace alusión al informe elaborado por expertos del Banco de España que concluyeron que los balances financieros publicados en el momento de su introducción en bolsa “no expresaban la imagen fiel de la entidad” .
– Varios delitos –
El informe habla también de “compras inexplicables” de acciones de Bankia y de “ventas inmediatas tras la salida a bolsa que ponen en duda el interés real de algunos inversores” . Estas compras podrían haber tenido por objetivo manipular el curso de las acciones.
Así, el juez considera que se ha podido producir un delito castigado con hasta cuatro años de cárcel para aquellos que como administradores de una entidad emisora de valores falseara la información económico-financiera con el objetivo de captar inversores.
En el momento de su salida a bolsa, Bankia estaba dirigida por Rato, imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal, en este caso, junto a otros sospechosos.
Rato fue sustituido en mayo de 2012 por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de la entidad.
El gobierno español inició en 2013 una acción contra la auditora Deloitte para evaluar la imparcialidad de los informes que hizo sobre Bankia antes de su entrada en Bolsa.
Exresponsables de Bankia, entre ellos Rato, también están imputados en el marco de otros procedimientos.
El último caso saltó a las páginas de los diarios este otoño cuando se descubrió el uso de unas tarjetas bancarias corporativas fiscalmente opacas por parte de directivos de Caja Madrid, y después Bankia, tras la fusión de 2010 de siete cajas de ahorros.
El banco, muy afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, rozó la quiebra en 2012, lo que acabó precipitando una ayuda europea para el sector bancario español de 41,000 millones de euros, de los que Bankia recibió 20,000 millones.
