No neguemos lo obvio: en Guatemala, quien manda de verdad es el capital (tanto el tradicional como el emergente). Si no, baste recordar por qué se dio la anulación del juicio por genocidio, o por qué se conceden generosos subsidios, licencias y leyes “a dedo”, o proyectos sobrevalorados a diestra y siniestra a los clientes más fuertes de la clase política. Aquí, la democracia es un eufemismo, al igual que el estado de Derecho.

Lo que es un hecho  es que muchos de los operadores políticos de la plutocracia ya no quieren servir a jefe alguno ni cuidarle sus intereses; por ello, acuden a la fuente de riqueza más rápida y directa: el Gobierno.  Estando allí, succionan con fuerza la generosa ubre de un Estado mafioso y corrupto, para volverse parte del petite comité que gobierna a Guatemala, de manera abierta o encubierta. No necesitamos poner los nombres de algunos de los grandes capitales guatemaltecos que han crecido a costillas del Estado porque, como se dice por aquí, la vergüenza pasa, pero la plata queda en casa.

Ahora que se acercan las elecciones, y sin haberse abierto aun la convocatoria, ya se habla de partidos que sobrepasaron el techo de Q56 millones asignado a cada uno. Si esto fuera cierto, ¿de dónde llegarán los restantes fondos? Pedirle a la Contraloría General de Cuentas que fiscalice a los partidos políticos es una medida acertada, pero risible en un país como el nuestro. Seguirle la ruta al dinero que financia elecciones y políticos, es esencial. Pero lo único que realmente podría empezar a abrir un camino en sentido opuesto a la plutocracia  sería una buena reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y un sistema que hiciera que esta se cumpliera.

Ya existe una iniciativa de reforma, pero duerme el sueño de los olvidados en las gavetas de un Congreso que practica la política clientelar y no está dispuesto a meterse un autogol. A muchos dueños del capital no les ha caído el centavo: sin certeza jurídica, transparencia e inversión social en Guatemala, no llegará el dinero. De plutocracia no se habla, y ni siquiera creo que haya mediciones estadísticas de índice-país relacionadas con ese sistema de gobierno. En los resultados 2014 del Índice de Desarrollo Democrático de Latinoamérica quedamos en el último lugar entre 18 países más, pero si hubieran medido el Índice de Desarrollo Plutocrático, a lo mejor estaríamos en el primero. Lástima.

cescobarsarti@gmail.com