El problema es grande, pero la causa es simple: algunos funcionarios parecieran haberse dado a la tarea de adquirir compromisos sin cumplir los procedimientos ni  contar con el respaldo financiero necesario.  Por ejemplo, ayer  el viceministro de Salud afirmaba que esa cartera debe Q626 millones, a lo que el Ministerio de Finanzas respondió que,   según sus registros,  son Q120 millones. Comunicaciones reporta adeudos por  Q1 mil 62 millones, mientras  la contabilidad pública apenas tiene datos de  Q362.3 millones.

En cualquiera de los casos la situación es grave  porque no queda muy claro  quién miente, y si la versión de Salud fuera la correcta    dejaría muy mal paradas a las autoridades de Finanzas, que estarían evidenciando que no tienen el menor control sobre los compromisos  que adquieren otras entidades. Y si fuera al revés sería peor, que realmente los registros  tuvieran un compromiso menor al reportado por los funcionarios salubristas, porque eso indicaría que algo turbio se cocina.

Lo cierto es que esa ha sido una tónica predominante en los últimos gobiernos y   se ha acentuado  con la actual administración. Incluso se pueden recordar  los constantes intentos que hubo casi al inicio de  esta gestión por pagar una supuesta deuda flotante de aproximadamente Q11 mil millones  con constructores que le prestan servicios al Gobierno, un tema que  extrañamente se apaciguó y que ahora resurge repartido entre varias dependencias  pero que nadie puede documentar.

La deuda flotante se ha convertido en un concepto de los más vergonzosos para los contribuyentes guatemaltecos, porque son presuntas compras por varios millones de quetzales sobre las cuales no existen los documentos requeridos, y  de hecho son compromisos que ningún funcionario debió haber contraído porque no solo no se tenía  el necesario respaldo financiero, sino  que tampoco se contaba  con la debida documentación para garantizar la obra.

 Hoy vuelve a aparecer  el fantasma de la deuda flotante  en los ministerios de Salud, Gobernación y Comunicaciones, pues los responsables de estas carteras reportan montos millonarios de compromisos adquiridos, pero Finanzas reconoce cantidades mucho menores, por lo que  se plantea la posibilidad de un nuevo negocio sin respaldo para endosarlo al Estado.

Se trata de otro entuerto que no solo debe ser esclarecido por las recién estrenadas autoridades de la Contraloría General de Cuentas, sino que  también es necesario deducir las responsabilidades, para que se siente un precedente que comience a combatir la opacidad que hasta ahora ha predominado en el manejo de la cosa pública.