Desde sus  inicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sirvió de garante en cada proceso electoral, y buena parte de ese mérito se debe a quienes tuvieron a su cargo  las elecciones que en el país se han celebrado desde 1985. No se puede decir lo mismo de las agrupaciones partidarias, que han sido depositarias de mandatos que concluyen en frustración,   prepotencia y   una cauda de ineficiencia y corrupción que golpea a los electores, quienes terminan desencantados con la versión de democracia que estos miopes caudillos les pintan.

Hoy, a pocos meses de un nuevo evento electoral, el panorama se vislumbra un tanto más complejo, pues hay una especie de letargo, principalmente porque el Estado atraviesa por una de sus peores crisis financieras, atribuible a su mala planificación y antojadiza toma de decisiones. Esto   implica una amenaza  para la buena realización de la campaña para motivar a los potenciales electores, pues el TSE aún no tiene plenas garantías de que recibirá los fondos requeridos.

El mes anterior, los magistrados lanzaron la voz de alerta sobre el presupuesto que necesitarían para llevar a feliz término el evento electoral de septiembre, y la primera nota disonante surgió cuando la burocracia financiera respondió que no podía asignarles la cantidad solicitada, sino que se les entregaría un monto con una reducción cercana a los 200 millones de quetzales. La lógica reacción  fue  advertir sobre los valladares que afrontarán, debido a las limitaciones para promocionar  la participación, sobre todo entre los ciudadanos jóvenes.

Lo preocupante y censurable de quienes administran las finanzas públicas es que, a sabiendas de que se avecina un proceso que es vital para la continuidad democrática, dejaron al tiempo la provisión de recursos, pese a ser una condición que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir.

Lo pertinente es que las autoridades del TSE guarden un mínimo de dignidad y rechacen cualquier capricho político, que puede resultar mucho más perjudicial para el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad.

En todo caso es mejor lanzar una campaña de apoyo para garantizar la independencia del TSE y de esa manera también mantener fuera cualquier intromisión de los políticos, lo cual le daría una saludable oxigenación a la institucionalidad. Es casi seguro que en una iniciativa de esta naturaleza se pueda recibir el aporte de los países donantes o de otras entidades, pero para ello también se hace necesario que los actuales magistrados den muestras de autonomía y de un genuino afán por hacer de los comicios de septiembre un evento ejemplar.