No solo permitió la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada, contra la expresa voluntad del embajador, sino que además pretendió excusar y encubrir sus decisiones con una campaña calumniosa contra el entonces embajador de España, D. Máximo Cajal, presentándole como responsable de haber organizado la toma de la Embajada por campesinos y estudiantes. España no tuvo entonces otra opción que tomar la difícil y dolorosa decisión de romper relaciones con Guatemala, la primera vez en nuestra historia con una nación iberoamericana, que solo se restablecerían cinco años después.

Casi coincidiendo con la fatídica fecha del  31 de  enero, hace pocos días un tribunal guatemalteco unánimemente sentenció a 40 años de cárcel por asesinatos al exjefe policial Pedro García Arredondo, único responsable material del asalto y quema de la Embajada que se ha podido procesar. La misma sentencia le impuso otros 50 años de pena por la muerte de dos estudiantes. El tribunal también lo consideró culpable por asesinato en grado de tentativa del embajador de España en Guatemala, don Máximo Cajal, quien sobrevivió con graves quemaduras y que, gracias a la protección de los embajadores de Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos, se evitó que corriera la misma suerte que el campesino Gregorio Yujá, el otro sobreviviente de la quema, asesinado posteriormente.

A pesar del largo tiempo transcurrido y de que los hechos ya fueron investigados y condenados en 1999 por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, su revisión por la justicia guatemalteca supone un motivo de satisfacción y de celebración. Satisfacción por el grado de madurez alcanzado por las instituciones y la sociedad guatemalteca. Celebración porque, 35 años después, ha sido posible romper la impunidad por aquellos hechos y porque las víctimas y sus familiares hayan obtenido una justa dignificación. Esta sentencia ayuda a cerrar las heridas del pasado, pero es también una oportunidad para constatar las excelentes relaciones actuales entre España y Guatemala,  y la voluntad mutua de seguir trabajando en un marco de confianza.

El pasado año celebramos el 25 aniversario de la creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 25 años también de cooperación con Guatemala. Desde entonces, con una contribución de US$1 mil 300 millones, entre 1988 y 2014, España se ha situado como el segundo donante en el país con notables avances en áreas como la reducción de la pobreza y el combate de  la desnutrición; el desarrollo social y rural, y también en el ámbito de la Gobernabilidad en el sector de seguridad y justicia.

Muchos empresarios españoles están apostando por Guatemala, país de creciente atractivo para el comercio y las inversiones.  La cada vez mayor presencia empresarial —somos el tercer inversor en el país y el segundo proveedor europeo en el ámbito comercial— y el hecho de que se trate de inversiones orientadas a largo plazo son buenos ejemplos de nuestro compromiso con Guatemala.

Los vínculos humanos   son importantes y cercanos. Aproximadamente nueve mil  españoles viven   integrados en Guatemala y un número aproximado de guatemaltecos conviven entre nosotros con la naturalidad que nos otorga nuestra cultura y lengua comunes.

En este fructífero marco de relaciones, nos encontramos ahora ante la oportunidad histórica de rendir un merecido homenaje a todas las víctimas de aquel triste suceso y desagraviar la memoria del embajador Cajal, quien nunca dudó en colaborar activamente con la justicia de Guatemala hasta su fallecimiento el pasado  abril. Y lo hizo en la esperanza de que se esclareciera la verdad, se diera voz a los familiares de las víctimas, guatemaltecas y españolas, y se reparase en lo posible el daño causado.

Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo que ha juzgado estos hechos, dijo el 19 de enero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Guatemala: “Esta sentencia viene a ser el agua que apaga ese incendio de la búsqueda de justicia”. Creo que muchos en España y también en Guatemala lo sentimos así.

* Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.

Publicado en el diario ABC de España el 31 de enero de 2015