Peligra salud de enfermos renales

Enfermos renales se quejaron, debido a que  son afectados por el cierre    de la unidad de  hemodiálisis del Hospital Regional de Occidente, en la ciudad de Quetzaltenango, por supuestas anomalías de parte de la empresa que presta el servicio

Pacientes renales se quedaron sin atención este lunes en el HRO, en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Alejandra Martínez)
Pacientes renales se quedaron sin atención este lunes en el HRO, en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Alejandra Martínez)

Pacientes indicaron que  una enfermera les dijo que no habría atención,  y no dio   detalles. Según el hospital,  a diario son atendidas unas  12 personas de entre 12 y 77 años,  de departamentos de occidente.

En su última visita a Xela, Luis Monterroso, ministro de Salud, resaltó que se detectaron anomalías, entre estas el cobro de 368 sesiones a pacientes que  no tienen registro, y no hay documentos  que  respalden el gasto de Q220 mil 800.

Sofía Acevedo, directora del centro asistencial, señaló que la decisión de cerrar esa unidad se tomó debido a las anomalías encontradas.
 
Agregó que el servicio lo presta  el   Hospital de Especialidades Sagrada Familia, pero   no hay  contrato específico. Refirió que   hacen las gestiones para institucionalizar la atención.

Servicio es lento

El hospital   llegó a un acuerdo con la referida empresa, la cual le prestó algunas máquinas que desde el mediodía funcionan en el quinto piso, pero según algunos pacientes  la atención es muy lenta.  Para los que no lograron  atención, el hospital habilitó un albergue.
 
Hernán Ovalle, representante del Hospital Sagrada Familia,   manifestó  que él no trabaja por lucro, ya que el costo por  sesión es de Q600.

“El Ministerio de Salud me adeuda más de Q1 millón desde el 2012; sin embargo, ahora dicen que ya no les daré el servicio”, comentó.

Afectados

El paciente Joel Alvarado Bámaca  expresó que los problemas administrativos del centro asistencial no deben  afectarlos.  
 
Agregó que de no recibir la atención médica  podrían  morir.  “No podemos costear un tratamiento privado porque cada sesión  cuesta Q1 mil 200; además, antes de este gobierno  recibíamos fármacos, pero ahora no”, señaló.  

Algunos de los afectados recalcaron  que  han sido tratados en la capital, pero no pueden cubrir el gasto y que en ocasiones  han dormido en la calle.  

Silvia Barrios, una de las afectadas, argumentó: “Les pido a las autoridades que tomen en cuenta que nuestra vida está antes que nada”.