El lunes pasado Prensa Libre publicó un reportaje titulado “Riqueza natural del país afronta amenazas”, con datos muy reveladores. Llamó mi atención la afirmación que el 70% de los hogares del país usa leña para cocinar. En el reportaje aparece un mapa de Guatemala que identifica la ubicación de las áreas protegidas con verde, señalando que al 2015 había 328. Otro mapa identifica con diferentes colores el porcentaje de los hogares, por departamento, que utiliza leña para cocinar. Es interesante sobreponer el mapa de porcentaje de hogares que utilizan leña, sobre el mapa de áreas protegidas. No corresponden con exactitud, pero se aprecia que en muchas áreas protegidas, se utiliza leña para cocinar y probablemente siembran milpa.

No es casualidad que Petén tiene la mayor extensión de área protegida y 63% de la pérdida de bosque se registra en ese departamento. Área protegida me sugiere que es tierra de nadie, recursos que serán sobreexplotados y rápidamente agotados, porque no es de interés de alguien protegerlos. Área protegida es “de todos” y por lo tanto de nadie. Es “del Estado”, que en la práctica significa que es vigilado por unos pocos guardias mal pagados que carecen de los recursos, organización e incentivos para protegerla, especialmente del hambre y la necesidad. Los bosques se van talando y erosionando para sembrar milpa, cosechar leña y pastar ganado.

Se juntan dos fenómenos formando una tormenta perfecta que atenta contra la conservación del bosque: la ausencia de derechos de propiedad y la necesidad de tierra para subsistir. El primero es el concepto erróneo que equipara la protección estatal con la conservación, que conducirá a la eventual desaparición del recurso. El segundo es una extensión de la idea que la pobreza es un problema de tierras, que perpetúa la agricultura de subsistencia como modelo de desarrollo.

Las personas que talan bosques protegidos para sembrar milpa tienen bajo costo de oportunidad, es decir, no tienen mejor opción para subsistir. No pueden acceder a empleo remunerado que les provea una mejor existencia de la que pueden obtener del maíz y frijol que siembran para su propia subsistencia. Utilizan leña en el hogar también por bajo costo de oportunidad; emplear el tiempo para cortar leña no significa quitar tiempo de actividades que generen ingreso monetario para comprar estufa, gas o energía eléctrica. Los niños emplean mejor su tiempo acarreando leña o juntando zacate para el buey, que resuelve el problema de hoy, en lugar de asistir a la escuela que quizás, con baja probabilidad por la falta de empleo, resuelva problemas en un mañana lejano.

La degradación de las áreas protegidas no se resuelve con más leyes, guardias, multas y gasto público para vigilancia y protección. Por más protegido que se decrete que está el bosque, donde predomina el hambre y la miseria no sobrevive el árbol, el venado ni el jaguar.

Como tantos otros problemas en el país, la raíz es la pobreza derivada de la falta de inversión y consiguiente escasa creación de empleos y oportunidades de sustento y superación. En el tema de conservación, la otra cara del problema es la ausencia de derechos de propiedad. No hay que proteger el bosque, hay que defender su propiedad. Mejor sería que la mayor parte de áreas protegidas fueran propiedad privada, con incentivos para que alguna parte sea conservada. Crea más valor que un turista pague por fotografiar a un mono aullador o un jaguar, que talar tierra de nadie para sembrar maíz o pastar ganado. Los incentivos para la protección y conservación están mal alineados.