La integridad, la honestidad y el sentido de servicio son valores que deben ser inherentes a toda persona que aspire a un cargo de elección, ya sea para concejal, alcalde, diputado o presidente de la República. Tales características se poseen o no, se manifiestan o no, se demuestran o bien se exhiben comportamientos erráticos, afrentosos y ambiguos que delatan por sí mismos relaciones indecorosas.

Los intentos de infiltración del crimen organizado en el aparato estatal a diversos niveles surgieron prácticamente desde los primeros años del proceso democrático, y muestra de ello fue la captura, en diciembre de 1990, del alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, en donde purgó una sentencia de prisión. Su detención constituyó un fuerte factor de desgaste para la campaña de otro partido, la Unión del Centro Nacional, que curiosamente tiene las mismas siglas de la Unión del Cambio Nacional, fundado por el empresario y político Mario Estrada, aprehendido hace una semana por cargos de conspiración para traficar drogas a EE. UU. y cuyo caso fue trasladado ayer a una corte de Nueva York.

A lo largo de esas tres décadas, la guerra contra el narcotráfico declarada por Estados Unidos ha pasado por diversas etapas en las Américas. Si bien en Guatemala no se han alcanzado los niveles de violencia de México, la posición geoestratégica del país lo mantiene como un puente obligado para el trasiego de cocaína. Esto requiere, según fundaciones como Insight Crime, una conjunción entre las operaciones de carteles locales, infraestructura logística —pistas de aterrizaje, embarcaciones, rutas terrestres, pasos ciegos fronterizos— y connivencia de figuras de autoridad, sobre todo pero no exclusivamente, en municipios periféricos, para asegurar el flujo de droga y el resultante dinero en efectivo.

Aunque sucesivos gobiernos, incluyendo al actual, suelen resaltar los decomisos de cargamentos de cocaína, marihuana y precursores químicos de drogas sintéticas, agencias de Estados Unidos subrayan que tales operativos no logran detener ni siquiera una décima parte de lo que llega a ese territorio.

Por otra parte, las capturas de cabecillas de diferentes grupos dedicados al trasiego de drogas en el país han tenido un efecto de atomización que por un lado acendra las disputas y por el otro asecha a figuras locales, especialmente alcaldes. Campañas electorales llenas de dádivas a los votantes, cuyo costo real no se reporta al TSE, han sido otro síntoma de los arreglos bajo la mesa, de los cuales, antes del caso Estrada, el más prominente era el señalamiento contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría negociado recursos y seguridad de campaña con el cartel de los Zetas, a cambio de asegurar el libre tránsito de sus cargamentos. Por este caso ella aceptó su extradición a EE. UU.

Los aportes ilícitos a campañas electorales han sido un secreto a voces por décadas. Pero los síntomas de cooptación de autoridades locales son cada vez más fuertes y frecuentes. Ningún partido debería obviar este continuado intento de infiltración que termina por golpear a todo el entramado institucional. Auditorías internas deberían ser puestas en marcha por las organizaciones para que no terminen avalando a adláteres de grupos irregulares. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero sobre todo ningún político serio debería escond er la cabeza en la arena para no ver el riesgo que se cierne sobre la democracia del país.