La institucionalidad representa una idea, un valor: los tribunales, la justicia; el Congreso, la voluntad general; el Ejecutivo, orden y seguridad. Si el Estado realiza la legítima voluntad de su pueblo y garantiza justicia y orden se obtiene la paz.

Somos un país fragmentado. La guerra, el reacomodo de sectores, el narco, el poder local (en sus manifestaciones), la ausencia de mecanismos democráticos de debate, la debilidad estatal al contar con instituciones republicanas de fachada provocan el descrédito de la función pública y la desconfianza hacia el sistema político.

Si algo tuvimos por 30 años fue una democracia electoral. Hoy, por el abuso de los partidos al gastar dinero sucio a manos llenas, un padrón electoral que dibuja desorden y una autoridad electoral con precario poder de coerción, se llevará a cabo una elección, pero sabemos que quienes han mamado del sistema serán los ganadores y esto frustra a cualquiera.

Las noticias de capturas por corrupción acaparan la prensa, por eso es imposible la permanencia del Presidente en el cargo. Conocer qué ocurrió es la prioridad para garantizar una investigación seria. La única idea de unidad nacional es saber con detalle si hubo o no corrupción, así como el grado de responsabilidad, tras un juicio justo. Esto no es un asunto ideológico.

Los jueces están sometidos al mayor de los peligros: fallar por presión popular, y esto es lo peor para el derecho y la justicia.

Movimiento Semilla ha hecho circular un proyecto de carta de renuncia para que el Presidente la conozca, y en ella, quienes formamos parte de este esfuerzo, hemos señalado “…que el derecho de antejuicio inherente al cargo entorpece la investigación del Ministerio Público y podría generar un mayor desgaste a la instituciones públicas y de justicia de la nación… que el proceso electoral en el cual nos encontramos también podría verse afectado por el clima de incertidumbre que generaría el proceso de investigación política que corresponde al Congreso de la República”. Ejerzamos nuestro derecho de petición pero sobre todo tomemos las armas ciudadanas, exijamos en paz la renuncia de quien debería representar unidad.

Es injusto que, a la fecha, al más alto nivel solo Roxana Baldetti enfrente un proceso penal y de extinción de dominio cuando la investigación afecta a su jefe. Los procesos judiciales deben ser objetivos, serios, personalísimos, claros y, sobre todo, deben señalar con pruebas fehacientes e irrefutables los delitos cometidos, por ello es que el Presidente debe entregar el poder al Vicepresidente.

Los próximos gobernantes entrarán con una crisis de legitimidad mayúscula, pero esta deberá tratarse en su momento y todos aportaremos para reinventar nuestro país. Rescatemos la lucha contra la corrupción como la muestra de unidad nacional. Izquierdas y derechas confluyeron: ¡no más corrupción y este es el momento!

Las nuevas generaciones son las que ponen la agenda, los jóvenes exigen un mejor país.