La democracia en Guatemala está en peligro. Lo está desde hace mucho tiempo y por múltiples factores. Uno de los principales riesgos reside en el corazón mismo del sistema político y electoral: su financiamiento.

Los casos de gran corrupción que se develaron a partir del 2015 muestran los vínculos entre grupos de poder económico —tradicional y emergente— y políticos que alcanzaron incluso la presidencia, una diputación o una alcaldía.

Los dineros que se aportan a las campañas, y que en muchos de los casos no se reportan, se traducen después en millonarios contratos para realizar obra pública, en licitaciones amañadas, en leyes a la carta, en el nombramiento de funcionarios de alto nivel para garantizar que los “compromisos” contraídos se cumplan e, incluso, en la distribución de la pauta publicitaria de las entidades de gobierno.

Es decir, la capacidad de influencia en las decisiones que toman las autoridades de las instituciones públicas está directamente relacionada con los aportes económicos realizados a los partidos políticos en época electoral. La situación reviste de mayor gravedad en un país como el nuestro, en el que los dineros se concentran en la élite económica, en los grupos emergentes y en las redes criminales organizadas.

Ahí tienen ustedes el proceso judicial que enfrentan varios empresarios que financiaron al partido FCN-Nación de Jimmy Morales; las llamadas entre Sandra Torres y Gustavo Alejos de la UNE y la reciente captura del presidenciable de UCN, Mario Estrada, acusado por Estados Unidos de negociar con un cártel de drogas mexicano. Un poco más atrás en el tiempo, el apoyo financiero de Byron Lima, que patrocinó gorras y playeras para la campaña del PP, a cambio de controlar las salidas y el traslado de otros privados de libertad y la designación de los directores del sistema penitenciario, entre otras linduras.
Los financistas abarcan un ámbito muy amplio de actores y de intereses que comprometen incluso la seguridad del Estado, la política económica, el tipo de inversiones que se van a autorizar, y también, los ilícitos que se van a apañar. “Pactaron que si el candidato ganaba la contienda este permitiría que representantes del grupo criminal ocuparan puestos en las secretarías del Interior —que controla a la Policía— y de Defensa, a cargo de los efectivos militares; así como en la administración de los aeropuertos guatemaltecos”, señala una nota de Univisión citando fuentes del Departamento de Justicia estadounidense tras la captura de Estrada.

El tema es estructural, el caso del candidato presidencial de UCN no es una excepción. Desde 2016, el medio InSight Crime (es.insightcrime.org) publicó la serie Élites y crimen organizado, donde incluyó varias investigaciones periodísticas en las que se devela esta relación perversa entre las redes criminales, las élites y el sistema político en varios países de la región, incluida Guatemala.

En síntesis, el nuestro es un sistema político que se mueve, mayoritariamente, en base al dinero y no a las ideas ni a las propuestas. Indudablemente, en el mundo en el que vivimos, el dinero es una de las fuentes esenciales del poder, pero justamente la política debería ser uno de sus contrapesos.

Los partidos están llamados a ser una de las vías a través de las cuales los sectores sociales, que no tienen el poder del dinero, influyan en el espacio público y se vean representados, cosa que no ocurre en Guatemala. Así pues, cuando el dinero adquiere el control absoluto de la política —y peor aún cuando este proviene de fuentes ilícitas— la democracia se degrada y la política pierde sentido.