Entre las consecuencias de la crisis política iniciada ya hace más de un mes, al retorno de las manifestaciones populares espontáneas y voluntarias se ha agregado el interés de los ciudadanos por temas de gran importancia para el combate de la corrupción, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio. Por eso es positivo el seminario que las autoridades judiciales de Guatemala están desarrollando respecto de dicho ordenamiento legal.

Dicha normativa tiene como fin que pasen a ser propiedad del Estado los bienes decomisados a narcotraficantes y otro tipo de delincuentes. Es fundamental que todos los operadores de justicia —jueces, magistrados y demás— tengan una clara conciencia de la forma como esa norma jurídica trata de que quienes adquieran bienes como resultado de actividades ilícitas no puedan salirse con la suya.

Es necesario señalar que dicha ley debe tener entre sus atribuciones la de investigar los cambios repentinos en el nivel económico de personas, tanto dentro como fuera del Gobierno. En el caso de los burócratas, es lógico pensar que ese súbito cambio, esos lujos muchas veces evidentes —residencias, vehículos, avionetas, helicópteros, etcétera— es consecuencia de alguna actividad que provoca sospechas. Si un funcionario público de pronto se muda de una colonia de clase media a un residencial de costos millonarios, viaja constantemente al exterior y demuestra un estilo de vida propio de adinerados, en sí mismo debe ser motivo para que se abran pesquisas.

Una de las características de esos inexplicables cambios es que hasta hace pocas semanas quedaban con una impunidad total, no solo porque no se efectuaban las investigaciones de oficio que los casos ameritan, sino porque la sociedad no rechazaba a estos corruptos, y lejos de eso, de hecho actuaba con una especie de admiración por las vivezas de los sinvergüenzas. El resultado, que ahora se hace evidente, es el del ascenso imparable del ansia de convertir al Estado en un botín y que el pillaje a la cosa pública alcanzara niveles que llegaron a incluir la muerte de personas inocentes a causa de falta de medicinas, por mencionar un ejemplo.

La ciudadanía acaba de descubrir la fuerza de su opinión. Por eso no se puede negar que a partir de ahora existan grupos ciudadanos dispuestos a ejercer una plena actividad de vigilancia. La corrupción no es aceptable porque exista en todo el mundo, por lo que quien decide utilizar ese argumento se convierte en alguien que la apoya, pues de hecho se le está justificando.

La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio a quienes adquieren bienes de cualquier tipo por medio de actividades criminales, como el narcotráfico, es el motivo principal de su existencia, pero no se debe desaprovechar la oportunidad de aplicarla en el otro ámbito. No es necesario hacer ninguna investigación para descubrir que la corruptela ya llegó a ser considerada por una mayoría ciudadana como la fuente principal del atraso en todos los campos que actualmente sufre Guatemala.