La persistencia de los asistentes a las concentraciones en el Parque Central, a pesar de la lluvia, demuestra que la ciudadanía guatemalteca está hablando muy en serio cuando exige cambios inmediatos en la manera de castigar a los corruptos. Tampoco está dispuesta a dejarse ganar, a pesar de las acciones evidentemente concertadas con grupos que acarrean gente para provocar embotellamientos, entre otras medidas, no solo ilegales, sino violentas, porque afectan varios derechos de los ciudadanos y tienen serios efectos negativos en la vida social y económica del país.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ya comenzaron a ser analizadas por el Congreso, pero tanto los diputados como los partidos insisten en que se pongan en práctica dentro de cuatro años. Esto es absurdo y demuestra la mala fe de quienes, en teoría, tienen en sus manos reparar todos los errores, y dejan lugar al retorcimiento de los conceptos y de los textos. Pero además constituye una clara desobediencia a la consigna popular, que les ordena actuar de manera distinta a como hasta ahora han efectuado su labor legislativa.

Es importante saber por qué el pueblo ha expresado una consigna. Este vocablo significa una orden que en las asociaciones políticas o sindicales da una persona o dirigencia a los subordinados o afiliados. Lo indica el Diccionario de la Lengua Española, o DILE, sustituto del Diccionario de la Real Academia Española, o DRAE, en su calidad de rector del idioma oficial de Guatemala.

En este caso, la “persona u organismo dirigente” son los ciudadanos; es decir, los jefes de los políticos y sobre todo de los funcionarios públicos, quienes encajan en la definición del vocablo como “subordinados”. Las reformas a la Ley Electoral, entonces, deben ser puestas en práctica para estas elecciones. La insistencia de repetirlo se debe a que una desobediencia —abierta y vergonzosa— a la voluntad popular abre las puertas a la desesperación y ello, a su vez, a la posible violencia.

Por esa causa, cualquier sugerencia o insinuación a que haya bloqueos de carreteras y paros de actividades ligadas al oficialismo llega a la frontera de la incitación a la violencia. Otra entidad que debe tener el valor de actuar con la majestad de la ley es el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a otorgar finiquitos a candidatos y revisar los gastos de las campañas partidistas. A los magistrados de ese alto órgano también les alcanza el efecto de la consigna nacional para que las reformas sean realidad durante los próximos comicios.

Es fundamental indicar que la escasez de tiempo no es motivo para decisiones absurdas o imposibles de poner en práctica. Simplemente significa que se debe decidir rápido y bien, porque se trata de una emergencia. Al respecto de la propaganda política en los medios de comunicación, Prensa Libre expondrá su posición en un editorial esta misma semana. Se trata de un tema fundamental para la cimentación de la democracia, que obviamente necesita establecer marcos de acción a fin de no convertir a la libre emisión del pensamiento en una burla o en instrumento antidemocrático que solo prevalece en sociedades en las que impera la intolerancia.