Con gran pesar asistí a los funerales del distinguido abogado penalista Francisco Palomo, Pancho, como le llamábamos sus amigos, asesinato como todos los que la ola terrorista de este país ampara, sin que el sistema de justicia haga presencia. Pancho, el abogado de Ríos Montt, del equipo jurídico que apoya la candidatura de su hija Zury y de muchos casos penales de alto impacto, lamentablemente confió en que la seguridad ciudadana funcionaría. No iba en carro blindado ni acompañado de coleros llenos de guaruras, como caminan los funcionarios de Estado, los narcos y algunos potentados, privilegio que la mayor parte de guatemaltecos no tenemos. Veremos cómo funcionan los maravillosos investigadores de la Cicig y el Ministerio Público.

La ola de violencia está llegando a límites insospechados pero está siendo respaldada por organizaciones que se hacen llamar populares, de ellas muchas amparadas por enormes cantidades de apoyo internacional, apoyo que nadie controla.

Los crímenes en Los Pajoques, Barillas, San Marcos y La Puya siguen sin que exista una condena, y los que exigimos su aclaración somos libertarios, pues no estamos a favor de un régimen represivo y anárquico.

Como el crimen contra Pancho ha habido otros tantos en que ciudadanos trabajadores y honestos han perdido la vida y sencillamente siguen impunes, algunos por la indolencia e ineficacia de los investigadores, y otros por la venalidad de los jueces, pero hay otros que son resguardados por organizaciones que se hacen llamar campesinas, indígenas, ambientalistas o defensoras de los derechos humanos parecen intocables, pues las autoridades les tienen miedo.

Hoy nuestro país está sumido en una crisis política y parece que la salida que tendremos después del proceso eleccionario, será prácticamente hacia el precipicio, pues las opciones no ofrecen un mejor futuro, y aunque fueran buenas, la deuda pública que el nuevo gobernante recibirá será de enormes dimensiones y encima se atreven a pedir cuatro mil millones más de ampliación presupuestaria cuando ya sabemos que estos dineritos irán a parar al bolsillo de los corruptos. Lo que el gobierno de turno no quiere hacer es la opción que se le ha planteado a este presidente y a los anteriores, la reducción del gasto público, los exagerados salarios de asesores, las plazas fantasmas, los exagerados viáticos en viajes inútiles, la sobre valoración en las obras y en fin el boato que caracteriza al aparato estatal, eso no está en agenda sencillamente no se quiere hacer, no les conviene y para mientras los enfermos siguen muriendo en los hospitales por falta de medicinas, equipamiento y otros insumos.

El caso del IGSS es solo la puntita de lo que está por aparecer, si verdaderamente existe la voluntad de hacer una investigación profunda

Platicando con un oficial de juzgado, me dijo: Las pruebas presentadas por la Cicig son tan débiles, que definitivamente no va a haber causa penal en el caso de la mayoría de los acusados. ¿Y entonces?

Ayer los bloqueos de carreteras y las entradas a la ciudad tenían otra tónica de peticiones, decía: Que se dé el nombre de los evasores en el caso SAT, de plano fueron pagados por evasores, que necesitan saber si les van a caer, pero de todos modos causaron un caos vial que afectó a todos los guatemaltecos. Quisiéramos saber de dónde obtienen los fondos para su movilización y si declaran esos ingresos al fisco, definitivamente, ¡No!

Se alega que se están criminalizando las protestas sociales, pero si hay muertos, ¿qué son entonces? Definitivamente es terrorismo.

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