Esposado y vestido con uniforme de preso color beige, Estrada Orellana acudió a la vista ante juez Jonathan Goodman y, a través de una intérprete, le dijo en español que no se había podido contactar con familiares o amigos para que le consiguieran un abogado.
El juez Goodman, quien le explicó sus derechos de conseguir un abogado, le dijo que estaba acusado de conspirar para importar cocaína por el Distrito Sur de Nueva York.
El juez, tras consultar con la Fiscalía, programó para el martes 23 de abril de 2019 la audiencia a Orellana, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha) y quien deberá permanecer detenido hasta entonces.
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En las mismas circunstancias se presentó después y ante el mismo juez Juan Pablo González Mayorga, quien enfrenta los mismos cargos relacionados con narcotráfico y conspirar para usar y poseer fusiles.
“No me he podido comunicar, a ver si me pueden apoyar con un abogado”, dijo Estrada Orellana con ayuda de una intérprete al juez.
En este sentido, González Mayorga pidió al magistrado que sacasen de su teléfono, decomisado por las autoridades estadounidenses, los números de sus familiares para poder llamarles.
El candidato presidencial y González Mayorga fueron los primeros de un grupo de una veintena de presos que se apersonaron ante el juez en unas audiencias que se prolongaron durante cinco minutos cada una de ellas.
Ambos deberán presentarse con abogado, ya sea privado o de oficio si demuestran que no tienen recursos, el próximo martes para una audiencia en la que se prevé será autorizado su traslado a Nueva York.
De resultar culpables, Estrada y González Mayorga podrían enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan.
El caso de Mario Estrada
De acuerdo con el documento de la fiscalía neoyorquina, la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) investigó desde diciembre de 2018 a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.
Indica, además, que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa que eran fuentes confidenciales de la DEA.
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Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron hasta US$12 millones de dólares al Cartel de Sinaloa para apoyar la campaña presidencial.
A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para sus actividades de narcotráfico.
La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EE.UU.
Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel de Sinaloa en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.
En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos del Ministerio de Gobernación, que supervisa a la Policía Nacional Civil, y el Ejército.
Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.
El próximo 16 de junio, Guatemala elegirá a su futuro presidente y vicepresidente, en unos comicios que también suponen decidir por 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano.
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