La acción había sido promovida por el Ministerio Público, a través del Fiscal especial del caso Héctor Augusto Canastuj, buscando frenar el proceso, al existir acciones constitucionales pendientes de resolver y en el caso de alcanzar una sentencia condenatoria, estas podrían revertir el proceso.
El amparo se solicitó por el MP luego de dos rechazos de del tribunal de interrumpir el juicio.
Celeada según los señalamientos del ente investigador, habría sido contratado por Roberto Barreda, esposo de Cristina, para borrar evidencias en la residencia, mientras que Mendizábal habría facilitado un teléfono celular a Barreda.
Los delitos por los que fuer ligados a proceso y enviados a juicio son usurpación de funciones en forma continuada y obstrucción de la justicia, aunque a Méndizabal se le sumó el delito de encubrimiento propio.
El juicio fue suspendido el 9 de marzo por el Tribunal B de Mayor Riesgo, integrado por las juezas Irma Váldes, Sara Yoc y María Eugenia Castellanos.
