La insistencia de las organizaciones sociales, académicas, y de un buen número de periodistas y columnistas para transparentar los procesos de postulación y elección de autoridades judiciales buscaba precisamente evitar que a las cortes llegaran magistrados cooptados por sectores de poder, como se ha vuelto la costumbre.

Un reportaje de InsightCrime (18/9/2014), publicado durante el proceso de postulación, daba cuenta de cómo el gobierno había colocado como operadores para “negociar” la integración de las cortes a Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hoy preso por fraude, y a Gustavo Herrera, señalado en el 2002 por el Ministerio Público de haber planeado una compra fraudulenta de tierras y un acuerdo de construcción —de US$50 millones— donde también se utilizaban dineros del IGSS. La nota dejaba entrever que el seguro social se había convertido en la “caja chica” para la compra de voluntades.

La denuncia de la exmagistrada Claudia Escobar, junto a algunos de sus colegas, y la presentación de una grabación donde se escuchaban con claridad las presiones que recibió del diputado Godofredo Rivera, del Partido Patriota, para que a cambio de una resolución favorable a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti obtuviera la reelección, solamente vinieron a confirmar las sospechas sobre lo del viciado proceso.

Sin embargo, no fueron suficientes los argumentos y las pruebas, y la Corte de Constitucionalidad, en una decisión dividida, dio luz verde a la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones. Y hoy, meses después, estamos viendo los resultados. Las escuchas telefónicas en el caso de La Línea, que revelan que la jueza Marta Sierra de Stalling habría recibido dinero a cambio de dictar una medida sustitutiva para favorecer a varios de los implicados en la red criminal, y la mención del nombre de su cuñada, la magistrada Blanca Stalling, como parte del acuerdo, levantaron todas las alertas.

Semanas más tarde, en el caso del fraude en el IGSS por tratamientos a enfermos renales, fue capturado Otto Molina Stalling, hijo de la hasta entonces presidenta de la Cámara Penal, nombrado por el presidente de la entidad, Juan de Dios Rodríguez, en un puesto de confianza. Según nota del Centro de Medios Independientes (20/5/15), otro magistrado de la Suprema, Douglas Charchal, estaría relacionado con las investigaciones de la red en la SAT.

Estos casos, basados en prueba científica, permiten establecer cómo se han tejido redes entre bufetes de abogados, jueces y funcionarios públicos para garantizar impunidad y resoluciones a la medida. Porque claro está que las aduanas y el IGSS son apenas dos espacios en donde las mafias han extendido sus tentáculos. Habrá otros, que esperamos vayan saliendo, que terminarán de demostrar que en este país la justicia tiene dueño y tiene precio.

Por eso una de las exigencias ciudadanas más sentidas es la depuración del sistema de justicia, la investigación y persecución penal contra jueces y magistrados corruptos y la reforma profunda del sistema de elección y nombramiento, privilegiando la carrera judicial.