El Tribunal Supremo Electoral envió ayer al Congreso de la República una carta con las sugerencias que presenta para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en referencia a una iniciativa que fue presentada en el parlamento y que ya se encuentra en tercera lectura; es decir, a un paso de nacer a la vida jurídica del país.

Como es lógico, algunas de las sugerencias del TSE y sus efectos son muy positivos, mientras otras merecen ser analizadas con detenimiento, o ser explicadas en el contexto que han tomado en cuenta los magistrados, y por eso en este editorial se señalan algunos de esos casos.

Uno de los cambios se refiere a que el voto nulo en los comicios sea vinculante y además tenga incidencias jurídicas. Es una idea novedosa, buena y necesaria, como lo demuestran las circunstancias, pero faltó a los magistrados una explicación de qué significa esto en la práctica. Asumiendo que en una elección la mayoría ciudadana anule su voto, habría qué saber cuál sería el efecto. Por ahora, el voto nulo o en blanco simplemente no existe, y reduce el número de sufragios útiles para contabilizar los porcentajes que decidan los puestos de quienes participan como aspirantes a los cargos, más allá del mensaje que el elector pretenda enviar.

Es claro que estas sugerencias merecen un análisis más profundo y con toda seguridad serán motivo de discusiones largas y complejas, como el caso de la paridad de sexo y de etnia para los listados de municipalidades y el Congreso, así como para la integración de los órganos internos que rigen los partidos políticos. Esto se debe a que los ciudadanos con estas características no serán escogidos por su capacidad, o por su idoneidad, sino porque se debe llenar una cifra con determinados requisitos, un hecho que hasta puede llegar a ser considerado como una ofensa.

Son positivas las ideas de crear un consejo ciudadano de auditoría social, y convocar al final de cada proceso eleccionario a la instalación de una comisión de organizaciones sociales y académicas para proponer reformas electorales, así como que se prohíban los daños al ornato, y las pintas.

Ciertamente, el TSE dio un paso adelante para lograr reformas a la Ley Electoral, pero falta agregar otras sugerencias, derivadas de las circunstancias actuales. Hacer esto va en la línea de la decisión de ese ente jurídico-electoral para incluir temas que “responden a las preocupaciones sentidas de la población y a la vez son herramientas efectivas” para desarrollar el mandato, y “elevarse de urgencia a consulta en la Corte de Constitucionalidad”.

Resulta muy significativo que esta comunicación del TSE con el Congreso ocurra el día en que se cumplen 30 años del nacimiento de la actual Constitución de Guatemala, lo que le dio origen a ese tribunal, una institución que se ha encargado de afianzar cada proceso electoral a partir de 1985, para darle fiel cumplimiento a lo que la voluntad popular expresa en las urnas. La política es y debe ser dinámica, así como adaptarse y responder a las variantes condiciones de la vida nacional, de lo cual este momento es un excelente ejemplo.