Aunque la actual crisis es una de las más severas que ha enfrentado gobierno alguno, el presidente y varios de sus principales allegados no parecen todavía tomar conciencia de la gravedad de la situación, y lejos de adoptar una solución madura se pretende maquillar los hechos, con la exigencia de renuncia a ministros y la finalización de intervenciones fallidas, medidas que constituyen paliativos para un mal que necesita remedios mayores.

El jueves 21, el presidente Otto Pérez Molina anunció que había destituido a tres ministros, entre ellos su más cercano colaborador, Mauricio López Bonilla, y dejó entrever que lo hacía con la intención de allanar el camino para cualquier investigación, sobre todo porque dos de los defenestrados funcionarios enfrentan críticas por compras millonarias, muchas de la cuales se hicieron bajo la modalidad de obviar toda licitación. En el caso de la extitular de Ambiente, podría enfrentar cargos por el fraude en la limpieza del Lago de Amatitlán.

Todo esto ocurrió un día después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala volviera a estremecer las estructuras del sistema con la captura de 17 funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, incluido el presidente de la entidad, ex secretario privado de Pérez, a quienes se sindica de haber favorecido un fraudulento contrato por el servicio de diálisis a los afiliados, un tratamiento deficiente que llegó a cobrar la vida de unos 15 pacientes y causó complicaciones de salud a un centenar.

Tan solo un día antes, el propio Pérez Molina había negado la posibilidad de nuevas renuncias en su Gabinete e incluso calificó ese extremo de rumores, pese a que, justo tras la separación del cargo del ministro de Energía y Minas, Érick Archila, había dejado entrever que sí habría otros movimientos en el Gobierno, un titubeo mediático que no hacía sino reflejar la crisis en el Ejecutivo.

Por otra parte, las marchas ciudadanas efectuadas en las últimas semanas, que piden la renuncia de Pérez Molina, han puesto en jaque al gobierno patriotista, debilitado de por sí por hechos como el escándalo en Aduanas, el informe sobre la composición del líquido vertido en Amatitlán, que no era sino agua con sal, y el dictamen adverso de la Contraloría General de Cuentas sobre el contrato de un sistema de monitoreo migratorio adquirido por el Ministerio de Gobernación a un costo que deja muchas dudas.

Es obvio que la posición del mandatario es precaria, pues ha perdido al ministro que fue prácticamente su jefe de campaña y que se consideraba su mano derecha, por lo que debe pensarse que debió tener razones poderosas para tomar esa decisión.

Si a ello se suma que justo cuando comenzaba la crisis su credibilidad estaba ya solo en 10%, de acuerdo con la Encuesta Libre, y que la misma pudo haberse visto golpeada por su defensa oficiosa de la ex vicepresidenta Baldetti y los tres cambios hechos a la terna para elegir al sucesor de esta, le queda poco margen de maniobra frente a una sociedad cuya indignación no cesa, y esto incluye a cualquier político que intente sacar rédito de este momento álgido, punto de quiebre de la historia nacional.