Renuncia o remoción

Durante la conferencia, López Bonilla destacó que él no renunció, detalló que él nunca renuncia a nada y en este caso su objetivo era terminar en el cargo. Dijo que fue el presidente quien le pidió dejar el cargo durante una reunión de Gabinete de Gobierno.
 
“Hace unos 15 días se habló en el Gabinete –de Gobierno–de tomar una serie de acciones que podíamos tomar como equipo de gobierno para favorecer las acciones del presidente y dentro de eso los ministros le presentamos nuestra renuncia”, dijo.
 
También dijo: “Estamos hablando de una coyuntura muy especial, de una acción en conjunto, de una discusión para facilitarle al presidente un margen de maniobra que le permita tener medidas contundentes”.

López Bonilla forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Patriota y en ocasiones anteriores dijo que no renunciaría al cargo ni buscaba un cargo de elección popular.

Eunice Mendizabal

La funcionaria que sustituye a López Bonilla en Gobernación es la viceministra antinarcóticos, Eunice Mendizabal. El presidente Otto Pérez Molina, calificó a Mendizabal como el mejor elemento dentro de esa cartera para ocupar el cargo, dijo que ella tiene la capacidad y que conoce el área.

En tanto,  López Bonilla abundó en halagos para Mendizabal, mencionó que con ella al frene del viceministerio se elevó la cantidad de incautaciones de droga y se capturó a más personas señaladas de trabajar para el narcotráfico.

Gestión cuestionada

La gestión de López Bonilla al frente del ministerio de Gobernación es señalada por sectores sociales de haber avalado contratos anómalos, él último caso, el contrato de las cámaras de video vigilancia que este cartera utiliza para diversos operativos de las fuerzas de seguridad.

La videovigilancia cuesta Q262.5 millones

Las cámaras que utiliza el Ministerio de Gobernación ha utilizado en la Plaza de la Constitución, durante las manifestación de las últimos días, son parte del arrendamiento por excepción, con opción a compra, del sistema de vigilancia de la zona 18 y áreas adyacentes aprobado en el 2013.

Esta adjudicación se suma a los no menos de seis procesos por excepción que han caracterizado a esta administración en sus casi cuatro años, adquisiciones que han sido criticadas por expertos, pues la transparencia ha quedado en entredicho en cada evento.

El viceministro de Tecnología de la cartera del Interior, Juan Carlos Argueta, confirmó que el equipo que se instaló en el Palacio Nacional de la Cultura y los alrededores de la Plaza de la Constitución es parte del proyecto de videovigilancia, valorado en Q262.5 millones.

El arrendamiento del equipo, según el viceministro, es por cinco años, que corren a partir del 2013. El resto del proyecto quedará en manos de las nuevas autoridades, ya que están por celebrarse las elecciones generales.

Los datos fueron confirmados en el portal de Guatecompras, a través del Nog 2516004, donde se especifica la adquisición de cinco clases de equipo, entre este cámaras fijas tipo bala de alta definición y de dos megapixeles, seis de captación de imagen facial y varias de tipo bala de dos megapixeles para reconocimiento de matrículas.

Reacciones

Juan Carlos Carrera, del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), criticó la adquisición del equipo de videovigilancia, ya que una de las particularidades no solo del Ministerio, sino de la administración completa es la poca transparencia.

“La gran crítica es que esta cartera ha realizado una serie de contratos sin licitación, como lo establece la ley, bajo el amparo de estado de Excepción o de Calamidad Pública, desnaturalizando los procesos que la Ley de Contrataciones establece”, añadió.

Carrera comentó, además, que otro aspecto negativo es que han dejado contratos que afectan a otros gobiernos, por lo largo de los compromisos. “Eso, bajo cualquier punto de vista, viola los criterios de transparencia”, afirmó.

Por aparte, Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), cuestionó no solo la compra por excepción, sino la forma como la utilizan.

Más críticas

“Lo más criticable, aparte de la excepción del equipo, es que el Ministerio utilizó este tipo de tecnología como elemento disuasivo para intimidar la expresión ciudadana”, aseveró el experto.

Agregó que este tipo de tecnología “nunca” se ha expuesto en áreas rojas, como es el objetivo. Por último, rechazó el argumento del viceministro respecto de la instalación del equipo en la Plaza de la Constitución, ya que aparte de intimidar a la población que asistió, causó daños al Palacio Nacional de la Cultura.

En Guatecompras también se encontró otra adjudicación con la misma empresa, por Q31.1 millones, para un centro de monitoreo móvil con capacidad de almacenamiento de imágenes y software analítica.