“El secretario general —de la Presidencia— está empezando a hacer los procesos legales para la desintervención y empezando a comunicar a cada ministerio e instituciones que pertenecen o conforman a esas juntas directivas para que empiecen a seleccionar a las personas que van a proponer para que el 1 de junio tomen posesión como directivas y cese la intervención en estos tres lugares”, indicó Pérez Molina.
Más tarde, el secretario Gustavo Martínez, refirió que la otra desintervención será en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y que en realidad se estudia retirar ese control de Aeronáutica Civil.
Medida desesperada
El coordinador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Édgar Gutiérrez, dijo que las medidas resultan poco trascendentes ante la magnitud de la crisis.
“Son reacciones tardías e insuficientes para atajar esta crisis que crece como bola de nieve. Parecen desesperadas”, expresó.
Asimismo, el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, expuso que las instituciones intervenidas continúan debilitadas en su organización, pero que se debe exigir un mejor control.
“Quizá sea un buen momento para volver a rescatar la necesidad de reformas integrales que permitan reconocer no solo la transparencia y rendición de cuentas como un acto importante, sino la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas sobre sus actos”, dijo.
Wilson Romero, analista del Instituto de Investigaciones Económico-Sociales, de la Universidad Rafael Landívar, coincidió en que el problema no es poner o quitar intervenciones, mientras la corrupción esté enraizada.
