En la lista se cuentan fiscales, auxiliares fiscales y empleados administrativos que no lograron justificar su ausencia a sus labores.
Hubo casos en que algunos faltaron entre dos y 16 días sin que pudieran demostrar las causas.
Otros 47 casos fueron declarados sin lugar, ya que los trabajadores lograron justificar y demostrar los motivos por los cuales incurrieron en ciertas faltas.
Algunos de esos casos incluyen a la Supervisión del MP, que les abrió proceso administrativo porque acumularon expedientes a su cargo y no hubo avance en estos.
Ningún empleado estuvo involucrado en actos de corrupción.
Rivera mencionó que hay 476 apelaciones, de las cuales ya resolvieron 132 y quedan pendientes 322, que abarcan desde julio del 2014 a mayo del 2015.
Los casos
En la presentación del informe se mostraron avances en casos por extorsiones, narcotráfico, evasión fiscal, delitos contra la vida y extradiciones.
El acto estuvo presidido por Aldana, quien asumió el 17 de mayo de 2014, y el presidente Otto Pérez Molina.
Uno de los procesos que se destacaron fue la desarticulación del caso La Línea, en el cual estaban involucrados funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, dirigidos por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
También se presentó el caso del reo Byron Lima, quien dirigía una banda de corrupción, integrada por funcionarios del Sistema Penitenciario, quienes, a cambio de dinero, beneficiaban a otros reclusos cambiándolos de prisión.
La fiscal general manifestó que busca mantener la independencia y al mismo tiempo instó a la sociedad civil a que fiscalice la labor de la institución que dirige.
Asimismo, se dio a conocer la creación de la Fiscalía Liquidadora, ya que al asumir el cargo, Aldana encontró una mora fiscal de más de un millón de expedientes.
Uno de los delitos que más afectan a la población es la extorsión, por lo cual se habilitó la Fiscalía contra las Extorsiones, además de la Fiscalía de Asuntos Internos, encargada de investigar a funcionarios y empleados del MP que puedan incurrir en actos de corrupción o abusos.
