Juan Francisco Soto, de Caldh, dijo que la impunidad continúa a dos años de la sentencia por genocidio y el sistema de justicia está en crisis, por lo que ratificamos la vigencia de la condena. “A través de este juicio quedaron al descubierto las redes de impunidad que aún se encuentran enquistadas en el sistema de justicia”, explicó.
Agregó que los actores que durante el juicio negaron el genocidio y se opusieron al legítimo derecho de acceder a la justicia por parte de las víctimas, aparecen nuevamente como protagonistas de la grave situación en la que se encuentra el sistema de justicia, aunque Soto evitó mencionar nombres.
Recordó que durante el juicio cien testigos revelaron la verdad de lo ocurrido “confirmaron lo que los reportes militares escribieron”, puntualizó el representante de Caldh.
“A través de dichos testimonios y de la prueba científica y documental diligenciada en el proceso y a la cual el Tribunal le dio valor probatorio, quedó demostrada la intención de acabar con el grupo Ixil, identificado como enemigo interno”, aseveró Soto.
También manifestó que por los padecimientos de Ríos Montt, si éste falleciera, se extingue la persecución penal en su contra.
Mientras tanto, Edgar Reyes, abogado de los querellantes –Asociación Justicia y Reconciliación (AJR)-, señaló que la Sala Primera del Ramo Penal que debe conocer la amnistía solicitada por Ríos Montt, tienen cinco meses de haber asumido la magistratura y aún no se integra, lo cual es una muestra de impunidad.
