En los últimos días el pueblo de Guatemala ha salido a expresar su profunda indignación ante los escándalos de corrupción oficial y por la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Esto es una manifestación reciente de un problema que se agravó y que fue una de las motivaciones para creación de la Cicig.

Este caso difiere del pasado en lo escandaloso de la corrupción y la prepotencia de quienes la realizan, lo que no debería extrañar. El PP y Otto Pérez hicieron campaña ofreciendo “mano dura”, y quienes votaron por ellos pensando que las soluciones autoritarias resuelven la situación, se olvidaron de que la mano dura y el autoritarismo llevan a regímenes violentos que además esconden la corrupción.

Debemos mantener una denuncia firme contra la corrupción y una exigencia por que se juzgue y destituya a los responsables, pero no debemos por ello perder de vista lo estratégico.

Guatemala necesita con urgencia iniciar un proceso de reforma del Estado para poder depurar los efectos de la penetración del crimen organizado y tratar de rescatar el carácter democrático del mismo.

El problema es que todos hablan de “reforma del Estado”, e incluso Baldizón y el partido Líder hablan de convocar una constituyente, pero después de las elecciones.

En el fondo, lo que los actuales partidos políticos y sus candidatos pretenden es que todo siga igual y que este escándalo se resuelva con retirar a la vicepresidenta, y el Congreso, con tranquilidad y descaro, se dedique a hacer campaña electoral y dejar de legislar. Esto es tapar el escándalo y que las cosas sigan exactamente igual, con un proceso electoral que no ofrece nada nuevo.

Es por ello que proponemos: volteemos la atención hacia el Congreso de la República. La “reforma del Estado” se podrá hacer a partir del año 2016, pero solo será posible si la “reforma política electoral” se inicia hoy con este Congreso.

El pueblo de Guatemala debe exigir a los 135 “legisladores” que quieren ser reelectos que antes de las elecciones aprueben la reforma a la Ley Electoral, o que de lo contrario serán rechazados por la población.

La concentración del 16 debe realizarse para denunciar la corrupción de Otto Pérez y Baldetti y exigir su antejuicio y procesamiento, y también debe incluir una exigencia al Congreso de la República para que sesione y apruebe la reforma a la Ley Electoral, y este Gran Frente Amplio por la Transparencia y Dignificación del País debe proponerse a corto plazo una gran marcha desde todos los rincones del país hacia el Congreso de la República, para asegurarnos de que los diputados aprueben por lo menos esta ley en este período.

De lo contrario, las elecciones de septiembre no tendrán ningún sentido y las propuestas de reforma del año entrante son más bien una trampa de los partidos políticos para mantener impunidad y aprobar la reelección y perpetuarse en el poder.

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