LA HISTORIA ESTÁ LLENA de ejemplos de acciones populares inesperadas, breves y contundentes, de efectos predecibles porque es muy fácil explicarlas. En Guatemala, la petición de renuncia a un gobernante ha ocurrió en 1944, cuando ese mismo parque central donde ocurrió la manifestación popular del sábado se convirtió en el escenario del grito generalizado “¡Que renuncie!”, contra Jorge Ubico y su dictadura de 14 años. Al ver esa clara manifestación de rechazo, se negó a seguir la sugerencia de disparar a la multitud, inclinó la cabeza, arqueó su espalda, se dio vuelta y firmó su salida voluntaria del poder. Exiliado el Nueva Orleans, murió dos o tres años después, acabado moral y físicamente. La petición fue imposible de deglutir.

EL SÁBADO, LA GRAN perdedora fue la vicepresidenta Roxana Baldetti. Dudarlo sería absurdo. El futuro político nacional —inmediato, cercano y a largo plazo— se verá afectado a causa de la petición en la capital y en varios departamentos. Es una de las consecuencias de la victoria de una extraña coalición: por un lado, la CICIG, la ciudadanía consciente y la comunidad internacional. Por el otro, el Ejecutivo de Guatemala, cuyo mayor error consistió en no analizar con lógica política los acontecimientos internos y externos inmediatamente previos y tampoco escuchar a quienes le recomendaban, con declaraciones o con columnas y editoriales periodísticos, la necesidad de solicitar la permanencia de esa necesaria vergüenza política nacional.

AL GOBIERNO ACTUAL LE faltan 30 semanas para entregar y solo 19 para la primera vuelta de los comicios. Tiene en la actualidad una evidente alianza con el Partido Líder, pero hay serias dudas de su permanencia después de esa primera elección. En el panorama político nacional, con estos cambios súbitos, en la teoría es esta agrupación centrada en su dirigente una de los dos partidos ganadores del primero y segundo lugares en septiembre próximo. El PP no está entre esos dos, porque es un grupo de donde la gente se está escapando. Pero, a pesar de ello, debe tener reuniones con representantes de los diversos sectores nacionales, con el fin de darle forma a un programa de accionar político fuera de las nefastas veleidades del partidismo.

LA CICIG PUDO DEMOSTRAR la necesidad de mantenerla, pues actuó con independencia y sigilo, demostrados cuando fue claro el desconocimiento de las autoridades guatemaltecas acerca de hasta dónde habían llegado las investigaciones. Hasta sus más duros críticos debieron aplaudir el logro hecho público antes de la aceptación oficial, cuando el presidente se vio obligado, para bien del país, a cambiar su posición. Lo ocurrido con la SAT es solo el primer paso para poner a prueba las instituciones estatales. En este momento, el Organismo Judicial se encuentra en entredicho por la inexplicable y sospechosa decisión de permitir la fianza de los principales acusados. Por ello, es el siguiente organismo merecedor de investigaciones.

PARA NADIE ES UN SECRETO la mala imagen de todos los poderes del Estado guatemalteco. El Congreso tiene un merecido último lugar entre los ciudadanos. Pero también la autonomía municipal se encuentra debilitada a causa de las acciones de los alcaldes, especialmente el capitalino. Por aparte, las elecciones se encuentran a solo 19 semanas, los políticos están en lo más profundo de la incredulidad ciudadana. La moral tributaria está seriamente afectada. Por ello, el período post CICIG-SAT debe ser el punto de partida para el regreso de la moral pública en el manejo de los puestos del Estado. Irónicamente, la renuncia del binomio del Ejecutivo provocaría la elección de sustitutos por el desprestigiado Congreso. Y ello, de veras, asusta.