La cita agrega que en materia tributaria, se desvirtúa el objeto de la constitución de garantía de cumplimiento de obligaciones, en virtud de que se pretende con un mínimo porcentaje asegurado que cubre la totalidad de la obligación.
Eso podría interpretarse como que las empresas que tienen exenciones fiscales también gozarían de las mismas en las ventas que realicen en el mercado local bajo la figura de comercializador.
La iniciativa es conocida como ley Baldizón, y a la cual el directorio dio una opinión desfavorable el pasado miércoles.
La resolución indica que no existen controles para que las empresas amparadas en los decretos 29-89 y 65-89 puedan migrar sus operaciones a las zonas económicas de inversión y empleo (ZEI) y unidades económicas de inversión (UDI).
La opinión resalta que esas situaciones generarían un sacrificio fiscal cercano al 4.1% de la recaudación tributaria, que equivaldría a unos Q2 mil 92 millones.
