Se sigue discutiendo en Guatemala sobre la debilidad del sistema de justicia y la terrible impunidad que prevalece, son incapaces de juzgar y condenar los crímenes más graves, especialmente los del crimen organizado y de aparatos clandestinos que atentan contra la institucionalidad del Estado.

El actual gobierno parece que desea tomar las medidas posibles que garanticen esta impunidad. Recordemos que fue este presidente quien rechazó la reelección de Claudia Paz como fiscal general, a pesar del desempeño exitoso de sus labores; fue el Partido Patriota que hizo alianza con el Partido Líder para manipular la elección de la Corte Suprema para garantizar la impunidad, además el presidente Pérez ha anunciado reiteradamente que no piensa aprobar el mandato de la Cicig.

El dilema del Estado guatemalteco es el de justicia o impunidad. Mientras no haya una justicia que funcione y garantice todos los derechos de todos, los guatemaltecos no podremos vivir en paz ni hablar de democracia. La justicia y la democracia van inexorablemente de la mano. Esto fue lo que provocó la iniciativa de Cicig, que surgió de la sociedad civil, desesperada por frenar la impunidad.

Los últimos acontecimientos de corrupción en aduanas y en la SAT confirman lo que preveíamos, se demuestra que la impunidad surge de los más altos niveles del Gobierno, pasando por el secretario privado de la Vicepresidencia, y que solo se descubrieron por la acción efectiva de la Cicig.

Ante esto cabe preguntarse: ¿por qué ante esta estafa millonaria, en la que se repartían entre Q2.5 y Q3 millones por semana, la jueza Marta Sierra los deja libres con medida sustitutiva con una fianza?

¿Por qué la vicepresidenta dice que llamó a su secretario privado para pedirle que se entregara a la justicia y este se encuentra fugado y ella no expresa consternación?

También sorprende que el partido Líder solo plantee la creación de una comisión investigadora y no manifieste sorpresa por los acontecimientos, y su candidato se mantiene en silencio, con lo que se confirma la alianza entre el Patriota y el Líder para garantizar la impunidad en el próximo período. Tampoco los otros partidos políticos toman la iniciativa de convocar a la protesta social por estos hechos, lo cual también es un signo preocupante. En este contexto, qué sentido pueden tener para el pueblo de Guatemala las próximas elecciones. El camino de transformación del país es otro.

Parte de la impunidad es que todo mundo ve a los responsables operativos de la corrupción, pero no olvidemos a los “usuarios de la Línea”, que deben ser investigados y procesados, sea quien sea.

La renovación del mandato de Cicig es necesaria y urgente; de lo contrario quedaría claro que se trata del encubrimiento de la corrupción de algunos funcionarios de este gobierno que de todos modos podrán ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados en otros ámbitos.