La finca, que tiene una extensión de 21 mil 116 metros cuadrados, fue donada por el Ministerio de Gobernación, en 1981, para que fuera adjudicada en lotes a agentes que carecían de vivienda, según Douglas Herrera Arita, abogado de los afectados.
Los señalados habrían estafado a las familias cuando se apoderaron de la junta directiva de la Asociación Pro-Asuntos Sociales de la desaparecida Policía Nacional (PN), en el 2007.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público investiga a Domingo Morales Yax, supuesto cabecilla de la banda y quien fue dado de baja como policía en el 2003; cuatro años después presidió la referida asociación.
También son investigados los notarios Ricardo Raúl Rivera Calvo y Selvin Antonio Medina Escarate, así como sus colaboradores Marco Tulio Ortiz Rivera, Armando García Zabaleta, Sandra Patricia Cabrera, Béverly Margarita Virgil Mármol y Neftalí Florián López, algunos de los cuales ocuparon puestos en la junta directiva.
Modus Operandi
El supuesto robo de terrenos pudo haber empezado a planificarse cuando la banda ocupó la junta directiva de la asociación y no tuvo el respaldo de la asamblea general de vecinos, según el expediente en poder de la Fiscalía.
Morales Yax y sus colaboradores comenzaron a solicitar a las familias que plasmaran sus nombres y firmas en hojas de papel español en blanco, con el argumento de que solicitarían a instituciones proyectos de infraestructura para la colonia.
Sin embargo, las firmas fueron utilizadas para respaldar el acta 10-2007, del 17 de febrero del 2007, en la que se indicaba que el grupo dirigiría la asociación.
La reunión para constituir la directiva se efectuó en la sede del Consejo Nacional de Lideresas y Líderes Comunitarios, en la zona 1 de la capital, según informó Herrera Arita.
El despojo
Al tener el poder de la asociación, el grupo comenzó a operar y llegó a acumular Q8 millones, producto de los cobros que hacía a las familias afectadas, supuestamente para hacer trámites de legalización de sus terrenos. Pedían entre Q1 mil 600 y Q2 mil 500 por escritura, de acuerdo con el expediente.
Las familias reclamaron que el cobro era excesivo, por lo que acordaron que harían el trámite con un notario de su confianza, para fraccionar las escrituras.
Ante esa decisión de los vecinos, el grupo de señalados se sintió en peligro, por lo que convenció a Morales Yax de que la finca ya no estuviera a nombre de la asociación sino que fuera inscrita a nombre de otra persona. Fue así como el terreno apareció a nombre de Ortiz Rivera, actual supuesto propietario.
Prensa Libre intentó conocer la versión de Morales Yax, Rivera Calvo y Medina Escarate, pero no fueron localizados.
Impunidad
Los afectados presentaron la denuncia desde hace ocho años, pero el caso sigue en la impunidad.
Según Herrera Arita, los señalados incurrieron en estafa, asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad material y violencia contra la mujer, entre otros delitos.
Un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad logró que las familias no fueran desalojadas de la colonia.
