Setenta y cuatro familias tuvieron que abandonar su comunidad como consecuencia del deslave que arrasó con la finca El Porvenir y acabó con la vida de 36 personas, el 12 de septiembre pasado.
Aquellas imágenes de avalanchas de lodo que cubrían sus humildes viviendas aún permanecen en la mente de los afectados. Gracias a la ayuda de Carlos Torrebiarte, propietario de la finca Santo Tomás Perdido, los damnificados han sido alojados de forma gratuita hasta octubre del 2003. Cuentan con los servicios necesarios y algunos trabajan en los cafetales del finquero.
Pero las víctimas de la tragedia temen no conseguir a tiempo otro terreno donde vivir, pues no poseen dinero para comprar.
La municipalidad baraja dos propuestas. Para la primera son necesarios Q1.6 millones, que permitirían la compra de un terreno, pero los afectados lo han rechazado, ya que no reúne las condiciones necesarias de agua y de espacio.
La comunidad desea que además de ser reubicados los damnificados, también se traslade a las aldeas Tierra Santa y Totolyá, por encontrarse en zonas de riesgo.
La segunda propuesta, la que más apoyo ha obtenido, es un terreno que se encuentra en la finca La Prosperidad, pero cuesta Q7 millones.
El Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz; el de Tierras, y Foguavi, se han ofrecido a sufragar parte del gasto, pero nunca podrán llegar a tal cantidad. Los miembros de la comunidad sólo quieren ?que la finca esté cerca de las tierras donde tienen sus cultivos, que tenga nacimiento de agua y que el terreno sea seguro para nuestros hijos?.
?Se acaba el tiempo?
Ellos ?están pidiendo seguridad, no gustos?, asegura la jueza de Paz de San Lucas Tolimán, Janeth Gramajo, quien estuvo presente desde que ocurrió la tragedia y participó en las negociaciones para que se permitiera a los afectados permanecer temporalmente en Santo Tomás Perdido.
Gramajo dijo que se decepcionó mucho en la última reunión con autoridades y vecinos del lugar, porque no se avanza y ?hay muchas personas que no son de la comunidad implicadas en este tema?.
Agrega que hubo una buena oferta que habría solucionado el problema, pero la comunidad no aceptó. Carlos Torrebiarte, propietario de la finca donde viven las 74 familias afectadas por el deslave, ofreció cambiar los terrenos donde ocurrió la tragedia por otros aledaños, pero más seguros. La comunidad no aceptó porque esas tierras ?no sirven para cultivar?. La jueza cree que era ?una buena opción, porque no había necesidad de desembolso de dinero y nadie podría aprovecharse del negocio?.
La comunidad está preocupada porque no saben qué van a hacer cuando se acabe el plazo fijado para desocupar el lugar donde viven actualmente. ?Yo pienso todos los días en ellos y creo que el tiempo se nos echa encima, porque se está politizando el tema y no se está trabajando?, afirma Gramajo. Cuando el vicepresidente Francisco Reyes acudió al lugar de la tragedia, lo único que se limitó a decir es que la culpa era de quien dejó construir en El Porvenir.
Reyes no quiso hablar con los miembros de la comunidad y se limitó a conceder cinco preguntas a los periodistas. Nunca prometió dinero y no tienen pensado concederlo. Sólo ofreció la coordinación de la Secretaria Ejecutiva para administrar las ayudas. Gramajo recuerda: ?Sólo vino a reírse, y sin el apoyo del Gobierno no se podrá conseguir nada?. El problema real es que ?se acaba el tiempo?.
