Una serie de consideraciones deben surgir con motivo del accidente automovilístico sufrido ayer en la mañana por la vicepresidenta Roxana Baldetti, en especial aquellas al respecto de las fallas que el caso implica en el tema de las imprescindibles medidas para la seguridad de personas de alta jerarquía política que se conducen en carros blindados.

Los choques en vehículos son situaciones potencialmente trágicas, que pueden tener consecuencias legales para los conductores, y esa es la principal causa por la cual nadie que desempeña un alto cargo público puede darse el lujo de conducir, sobre todo en un país como Guatemala, donde cumplir las leyes de tránsito no es la principal característica de quienes manejan automotores.

Posteriormente se confirmó que la funcionaria había sido llevada a un sanatorio, de donde poco después del mediodía salió sin ofrecer declaraciones. La conductora del otro carro, señora Karen Pineda, de 30 años, fue llevada a un hospital distinto, de donde también egresó con heridas menores, según informaciones de parientes cercanos, cuyo abogado anunció que solicitará que el carro blindado quede detenido. Los dos vehículos sufrieron daños, pero llevó la peor parte el de la señora Pineda, que presentaba muestras de sangre en el timón y en la puerta delantera izquierda.

Respecto del accidente en sí, es muy importante establecer la responsabilidad, y también quién conducía el carro vicepresidencial. Aunque la versión oficial del Gobierno expresa que no era la señora Baldetti, no se puede dejar de señalar que en varias ocasiones ha declarado su decisión de conducir ella misma los vehículos donde se transporta, algo que los reporteros que la han visto llegar a eventos ratifican.

Un automotor blindado, por sus características, provoca daños serios a los que no tienen esa protección antibalas, aunque el choque no sea muy fuerte. Pero a juzgar por la forma como quedó el vehículo oficial, se puede deducir que el impacto fue de gran magnitud. Por eso es que se insiste en que los protocolos de seguridad no deben ser rotos bajo ninguna circunstancia. El personal encargado de aplicarlos debe tener la confianza de que sus indicaciones serán acatadas por las personas a quienes protegen de incidentes inesperados.

Actuar de esa manera provocó que, a pocas semanas de que haber asumido la Presidencia Álvaro Arzú, fuera acribillado en un camino vecinal cercano a Antigua Guatemala el vendedor de leche Pedro Sas Rompich, quien se encontró frente a la comitiva presidencial, a caballo, un domingo por la mañana. El gobierno de entonces intentó montar un show en el que aseguraba que había sido un atentado, versión prontamente desvanecida por las preguntas de la prensa nacional e internacional citada por los voceros gubernativos.

Lo ocurrido debe llevar a que, por ningún motivo, las autoridades de alta jerarquía de los organismos de Estado conduzcan vehículos. El riesgo es demasiado y tal prohibición debe ser considerada una molestia menor ante potenciales tragedias. Las responsabilidades civiles por protagonizar accidentes se convierten en un problema de aquellos que pueden ser evitados.