La norma autoriza la adjudicación y venta de fincas o fracciones inscritas en el Registro General de la Propiedad a nombre del Estado o instituciones descentralizadas.
Según la ley, las municipalidades quedan en libertad de formalizar sus propias negociaciones para vender o adjudicar inmuebles.
Miles de beneficiados
El diputado oficialista Otto Cabrera, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, señaló que serán beneficiadas por lo menos 6 mil familias que habitan en terrenos estatales invadidos. La ley no beneficiará invasiones recientes, sólo aquellas que se hubieran concretado hace más de tres años.
Asimismo, recalcó que los terrenos no serán regalados. Las familias interesadas deberán pagar cantidades simbólicas por la propiedad, que en promedio serían de unos Q3 mil. ?Todo dependerá del tamaño, sector y otros aspectos de la negociación?, agregó.
Además del Frente Republicano Guatemalteco, la ley fue apoyada por el Partido de Avanzada Nacional y la Alianza Nueva Nación.
Este último grupo dijo que dio su voto a favor porque en parte se cumple con los acuerdos de paz.
