Entre 1944 y el 2015 los guatemaltecos vivimos tres hechos sociopolíticos que nos convulsionaron e hicieron pensar que una mejor Guatemala era posible.

El primero tuvo lugar el 20 de octubre de 1944, cuando fue derrocado el general Federico Ponce Vaides, a quien Jorge Ubico dejó a cargo de la Presidencia, luego de renunciar el 1 de julio de 1944, ante la solicitud de allegados que le hicieron notar que su tiempo se había agotado. Hasta entonces había desestimado las manifestaciones públicas, reclamos y claros signos de rechazo a su proceder dictatorial.

Con esa acción cívica en la que participaron estudiantes, obreros, campesinos, sindicalistas, maestros y militares bajo el liderazgo del ciudadano Jorge Toriello Garrido y los militares Francisco Javier Arana y Jacobo Árbenz Guzmán se abrió la posibilidad de establecer un nuevo régimen político hasta entonces desconocido: la democracia.

Elegir un nuevo Gobierno requirió de una Constitución Política acorde a la realidad sociopolítica vigente. Para eso, de inmediato se convocó a una Asamblea Legislativa y una Asamblea Nacional Constituyente. En enero de 1945 ambas entidades estaban integradas y prontas a trabajar. Como denominador común prevaleció entre maestros, jóvenes profesionales, políticos y profesionales experimentados electos, el espíritu revolucionario y deseo por hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir, crecer y desarrollarse. Nació así la llamada Primavera Democrática con el primer gobierno de la Revolución, presidido por el doctor Juan José Arévalo, electo con más del 85% de los votos emitidos el 15 de marzo de 1945. Arévalo se autodefinió como un socialista espiritual e impulsó reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca. Por tratarse de cambios novedosos, la derecha conservadora lo tildó de comunista.

El segundo gobierno de la Revolución, presidido por Jacobo Árbenz Guzmán, fue derrocado en 1954 por el Gobierno de
EE. UU. Para lograrlo contó con traidores nacionales, encabezados por el coronel Carlos Castillo Armas, al amparo del Movimiento de Liberación Nacional, partido político declarado como anticomunista, cuyo retrógrado legado hoy vemos renacer.

El segundo hecho sociopolítico fueron las jornadas cívicas de lucha estudiantil y popular en marzo-abril de 1962, en contra del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Se desarrollaron con intensidad en la Ciudad de Guatemala, extendidas a Chiquimula, Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos. Fueron consecuencia del fallido intento del 13 de noviembre de 1960 para derrocar a Ydígoras Fuentes, emprendido por jóvenes militares; movimiento que polarizó a la sociedad, dando lugar a la guerra interna que duró 36 años (1960-1996) y una interminable sucesión de militares en la Presidencia, con alguna excepción civil, que permitió percibir una luz al final del túnel.

El tercer hecho, 71 años después del primero, fue el 16 de abril del 2015, cuando el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un hito histórico, sacó a luz la podredumbre enquistada en el Estado, llevando a la cárcel al presidente, vicepresidenta, funcionarios, empresarios, inversionistas y proveedores, quienes sin escrúpulo alguno se hicieron millonarios robando educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura y bienestar a toda la población.

Ahora, a dos meses de celebrar elecciones generales, los guatemaltecos enfrentamos a lo peor del espectro social, político, económico y humano de la nación. Somos testigos presenciales de cómo la ambición, vileza e incuria de algunos candidatos les asemeja a perros callejeros que se pelean por un hueso, sea este la Presidencia de la República, una diputación o una alcaldía. ¿En manos de quién estamos?