Un hecho histórico se registró el 8 de noviembre de 2018, cuando se firmó un acuerdo sin precedentes entre líderes comunitarios legítimos y autoridades ediles de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, representantes del Ejecutivo y empresarios, a fin de lograr un cese de la conflictividad en la región mediante el impulso a la inversión, la educación, la convivencia pacífica y el desarrollo socioeconómico.

Pese a tal hito, grupos irregulares mantienen acciones violentas y buscan a toda costa mantener aisladas a las comunidades. Autonombrados dirigentes, reiteradamente denunciados por autoridades indígenas, intimidan a la población con el fin de destruir el acuerdo, que fue refrendado el 29 marzo último por más de 50 comunidades que repudiaron nuevamente los actos criminales como bloqueo de carreteras, extorsiones, toma de rehenes, ataques contra autoridades, asaltos a transporte de carga y destrucción de maquinaria.

Tales acciones ocurren a causa de la ausencia del Estado, una carencia que persiste en la región, a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno y otras instituciones, entre los cuales está la creación y equipamiento de una estación de la PNC y desplegar vigilancia militar permanente en la frontera; además se ofreció restablecer un Centro de Administración de la Justicia regional para el norte de Huehuetenango, a fin de contar con presencia permanente del Ministerio Público y del Organismo Judicial.

El fortalecimiento de la seguridad fronteriza no se ha producido, pese a que el Gobierno ha manejado un discurso de soberanía. En los últimos tres meses han continuado las agresiones de gavillas armadas, entre cuyos integrantes hay incluso mexicanos. Se hacen llamar defensores de derechos, pero lo que menos les interesa es el desarrollo humano sostenido: atacan proyectos de energía limpia, agreden a pobladores que no se pliegan a sus posturas tozudas, impiden la construcción de vías vecinales y recientemente destruyeron 29 postes de tendido eléctrico recién instalados, con lo cual privaron del servicio a varias comunidades a las que dicen defender.

Los pobladores demandan del Estado acciones concretas y permanentes para retomar la institucionalidad y apego al Derecho. Es tiempo de poner atención a esta región del país, cuya importancia estratégica y turística fue justipreciada en el Acuerdo para la Paz y el Desarrollo, que fue fruto de meses de negociaciones: un modelo de solución pacífica de conflictos. Los gobiernos dejaron por demasiados años prácticamente solas a las comunidades y también a los inversionistas que se atrevieron a emprender proyectos visionarios; los dejaron en un limbo sin autoridad, sin seguridad, sin infraestructura y sin planes para propiciar oportunidades, un vacío que fue aprovechado por mafias dedicadas al contrabando, al narcotráfico y a la trata de personas, que buscan preservar sus ilícitos negocios, aunque esto signifique condenar a toda una región a más décadas de aislamiento, desnutrición y oscuridad. El Gobierno, que suele parapetarse tras la excusa de que supuestamente no puede ejecutar fondos por restricciones de transparencia, tiene en San Mateo Ixtatán un campo abierto para implementar un plan de trabajo ya consensuado que puede servir de paradigma. No puede volver a fallarles, primero porque fue firmante de compromisos concretos, y segundo porque se evidenciaría su doble rasero a la hora de defender los intereses nacionales.