Para José Ramón Lam, viceministro de Economía encargado del área de competencia e inversión, y Víctor Manuel Asturias, comisionado presidencial de Pronacom, respondieron que la disminución del capital foráneo tuvo como consecuencias aspectos que se ventilaron en los distintos juzgados, pero sobre la máxima autoridad, que es la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso particular de la Mina San Rafael.
“No fue un problema político, sino jurídico, y las reglas claras no estuvieron presentes para los inversionistas, que tuvieron una concesión para trabajar durante 10 años y de repente la CC cambia las reglas claras”, dijo Lam.
Detalló que además de la situación política que vivió el país, el principal factor que alejó los capitales foráneos fueron las decisiones de la CC, particularmente en el proceso de la Mina San Rafael, que quedó suspendida por acciones planteadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que trata sobre consulta a los pueblos indígenas.
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El reporte oficial confirma que la caída en el flujo de inversión extranjera directa (IED) fue del 11% el año pasado con respecto al 2017.
En 2018 se recibieron capitales por US$1 mil 031 millones, monto menor en US$138 millones, con respecto a los US$1 mil 169.5 millones del 2017.
Se intentó conocer la opinión del vocero de la CC, Santiago Palomo, pero no había respondido al cierre de esta edición.
Sombra por año electoral
El comisionado reconoció que este año se mantiene un dato conservador de crecimiento de la IED, atribuido a factores políticos, por las elecciones generales.
“Este año, si hay una disminución, será por efecto político y es parte del clima de incertidumbre que evalúan los inversionistas”, afirmó.
Para este año, tanto el comisionado de Pronacom como el viceministro apuntan a un crecimiento del flujo extranjero de 5%, que es considerado como conservador, por los comicios.
David Casasola, analista del Cien, expuso que los candidatos a la Presidencia deben ser serios en los ofrecimientos para atraer capitales y creación de empleo, sobre todo en aquellos sectores que generen trabajo intenso, como sucede con la industria manufacturera ligera, agricultura tecnificada y servicios.
“La campaña política debe de ser una plataforma para atraer a los potenciales inversores, pero antes se deben de brindar las condiciones como la facilitación de gestiones en instituciones públicas, mejorar la infraestructura en la red vial, puertos y aeropuertos y la certeza jurídica”, afirmó.
Casasola, dijo que, si no existe una agenda mínima de acuerdos y consensos, difícilmente se puede atraer mayores capitales, ahora en el contexto político, se puede impulsar con los diferentes actores.
El analista dijo que en la agenda “ruta para el desarrollo” del Cien, que se presentará en mayo a los candidatos a la presidencia, diputados, alcaldes y partidos políticos, se enfocará las acciones para atraer capitales en sectores que son estratégicos y que aportarán a la creación de la mano de obra.
Efecto rebote
Lam destacó que por efecto “rebote” o “bumerán” el año pasado se dejaron de percibir entre US$400 a US$500 millones por la falta de certeza jurídica.
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Precisó que existe un portafolio interesante de inversiones privadas que aún están en estudio y podrían arrancar una vez se despeje las dudas por el evento eleccionario, así como las garantías de certeza jurídica.
“No es que se estén retirando si no que van a esperar a que pase el ruido político”, enfatizó.
El informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), sobre inversión en Centroamericana y República Dominicana, resalta que el año pasado fue 8.5% menor con relación al 2017. La tendencia fue similar al resto de países de América Latina y El Caribe.
El reporte señala que El Salvador fue el país que experimentó el mayor incrementó de IED en 30.8% con respecto al 2017, mientras que Panamá, 9.2% y Honduras 3.4%. Guatemala y Costa Rica se mantuvieron estables.
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