Los países, entre los cuales están las grandes potencias, que debaten y votan sobre asuntos que amenazan la paz y la seguridad internacional, ya no recurrirán a Guatemala ni esta a ellos para consultas y coordinación de posiciones. Guatemala no fue una vedette pero sí se le tomaba en cuenta y en general se adoptaron posiciones constructivas y equilibradas.

Alejarse de la dinámica del Consejo de Seguridad implicará también que la relación de trabajo de Guatemala con la Secretaría General de la ONU regrese a circunscribirse a los asuntos propios más de carácter bilateral.

En este sentido, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es quizás hoy en día el mecanismo más importante de cooperación de Naciones Unidas con nuestro país. La Cicig, que tiene un mandato específico para su labor en Guatemala, cuenta con el respaldo de la Asamblea General y con una indicación precisa al secretario general de la ONU de que se apoye el cumplimiento de ese mandato “y de hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

Hay que destacar que la relación del sistema de Naciones Unidas con Guatemala en los últimos 20 años ha sido amplia, intensa y en buena medida beneficiosa, por su cooperación en asuntos relacionados a solucionar el conflicto armado interno, a apoyar la implementación de los acuerdos paz, a contribuir al afianzamiento del sistema democrático y a respaldar el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Sin embargo, hay desafíos para el 2014, apremiantes e ineludibles, para desamarrar o al menos debilitar seriamente el nudo gordiano que aprisiona al Estado de Derecho y a distintas instituciones del Estado.

La Cicig conforme a su mandato, que por cierto tiene una fecha prevista de vencimiento en el año 2015, puede y debe contribuir, por un lado, a develar con claridad y objetividad los vínculos de estructuras ilegales, que utilizan medios de funcionamiento de fachada, y que canalizan financiamientos que alimentan redes que inciden y a su vez se alimentan del sistema político nacional en sus diferentes niveles y, por otro lado, contribuir a la correspondiente persecución penal.

Guatemala, a través de sucesivos gobiernos, ha renovado el requerimiento de este apoyo internacional que el sistema de Naciones Unidas estructuró como un plan piloto y que países amigos han financiado acompañados de un respaldo técnico y sobre todo de un fuerte peso político diplomático.

Para el Gobierno de la República como para la Cicig, el año 2014 es crítico para hacer una diferencia fundamental en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se requerirá de una voluntad política inquebrantable, de un esfuerzo común a prueba de suspicacias ideológicas, consistente y decidido, que nos transmita confianza a los guatemaltecos.

Esperamos que las instituciones y autoridades competentes estén a la altura del momento histórico. Es peligroso que se defraude nuevamente la esperanza de una nación que acumula altos niveles de frustración.