La forma en que se aprueba y publica el acuerdo causa dudas sobre sus objetivos y finalidades reales. Además, porque en su objetivo fundamental incluye “la defensa del orden público y la lucha contra las informaciones de todo medio de comunicación que demeriten la dignidad y derechos de la persona humana”.
El procurador Jorge de León Duque, durante una actividad pública, manifestó que sin conocer los estatutos de la Fundación rechaza su creación, ya que “solo con el nombre asusta”. Afirmó que se generan dudas, y por ello solicitó al Ministerio de Gobernación la escritura constitutiva.
“El nombre no ayuda en mucho. Indudablemente una fundación —se crea— sin fines de lucro y en el imaginario tenemos los fines altruistas… pero una fundación contra el terrorismo nediático asusta; el nombre no es del agrado de muchos”, refirió el funcionario.
Asimismo, aseguró que, en principio, rechaza cualquier intento de menoscabar o delimitar la libre expresión, por lo cual se debe analizar, para determinar si la Fundación atenta contra la libre emisión del pensamiento.
Por último, reiteró que está a la espera de la información del Ministerio, por lo que, de confirmarse que limita a la Prensa, será el primero en pronunciarse en contra para que no se vulnere ese derecho.
discrepan
Por aparte, el titular de la cartera, Mauricio López Bonilla, reiteró que tienen la potestad de aprobar una asociación o fundación sin que exista discrecionalidad. “Es decir, no decimos si esta fundación va a atentar contra algo o alguien, mejor no la aprobamos. No, porque nuestra labor es velar porque cumpla con todos los requisitos que manda la normativa”, expresó. Además, dijo que no ve peligro de que se atente contra la libertad de expresión, ya que en la actualidad las leyes de Guatemala garantizan la libertad de pensamiento. “Lo que pienso es que se está prejuzgando”, aseveró.
Bonilla también aseguró que el derecho de crear una fundación tiene fundamento constitucional, y la obligación de la cartera es atender las solicitudes con base en un procedimiento administrativo que garantiza que estas no sean contrarias a la ley. Es la Procuraduría General de la Nación (PGN) la responsable de realizar un análisis jurídico, precisó.
Sin embargo, la PGN se pronunció por medio de un correo electrónico y explicó que en el procedimiento administrativo vela por la juridicidad del acto, sin involucrarse en la competencia administrativa, la cual compete al Ministro de Gobernación.
Afirmó que al acompañarse documentación de soporte que acreditaba el cumplimiento de los requisitos, procedió a otorgar el visto bueno de ley.
“Para el efecto, PGN actuó conforme lo establece el artículo 38, Decreto 512 del Congreso, en el expediente de mérito recibido el 5 de febrero de 2015 y devuelto a Gobernación el 24 de febrero del mismo año”, subrayó el correo.
Expuso que el procedimiento fue recibir el expediente con el visto bueno de la cartera, luego verificar los requisitos que manda la ley y verificar que estos contaran con los documentos.
Se pronuncia
Luego de la publicación del acuerdo ministerial, la vicepresidenta de esta fundación, Gloria Elizabeth Conde López, declaró que en “ningún” momento su misión busca atacar a la Prensa, pues su objetivo es asesorar a las personas que sean víctimas de violencia en determinado momento, y aseguró que no tiene “nexo con el Gobierno”.
López Conde también confirmó que la dirección dada por Gobernación (7a. avenida 20-12, zona 1) es la registrada. Sin embargo, por problemas de espacio para estacionamiento está en búsqueda de una nueva sede.
“Yo soy una ciudadana normal; me gradué, soy politóloga y siempre he trabajado por el servicio ciudadano. Incluso pertenezco a la Asociación de Protección al Ciudadano”, afirmó, vía telefónica.
Por último, refirió que son 11 personas las que forman la Fundación, y no 20, como indicó Gobernación.
En un acta de constitución de la Fundación se menciona como miembros a José de León, María Cú, Gloria Conde, Reyna Morales, Víctor Miranda, Otto Catalán, Juan Méndez, Karla López y José de León Conde, entre otros.
