El poder es como una sustancia gelatinosa, capaz de tomar cualquier forma y acomodarse en cualquier espacio. Es un recurso interesante en manos de un líder capaz de usarlo en beneficio de la comunidad, sobre todo si asume la responsabilidad implícita en ese privilegio y se somete voluntariamente a una exhaustiva rendición de cuentas. Pero esa no es la norma, el poder se ha convertido en un botín al alcance de quien tenga suficiente dinero para adquirirlo aun si carece de las cualidades y calidades necesarias para hacer un buen uso de él.

Cuando el poder cae en las manos equivocadas, se manipula fácilmente para construir mecanismos destinados a eludir la fiscalización y acallar las críticas, convirtiendo su ejercicio en una tiranía disfrazada de legalidad. Así es la política. Así es, también, el poder económico cuando no contempla la función esencial de buscar el bien común y se transforma en una especie de alcancía sin fondo ni normas claras.

Esto sucede en cualquier campo: político, social o económico y en todos con iguales características. Es fácil identificar cuando se abusa del poder, pero no es tan fácil evitar los excesos y, en el caso específico del ámbito político, existe el riesgo añadido de entregar ese poder a individuos ineptos, corruptos y carentes de visión, con lo cual todo el sistema sufre un enorme desgaste.

Por eso es tan importante para una sociedad en constante evolución hacia una democracia funcional, informarse sobre las capacidades y limitaciones de quienes aspiran a dirigir los destinos de su país. Los ejemplos de malas prácticas políticas, tan abundantes que no hay espacio suficiente para agruparlos a todos, deberían ser algo así como una “biblia electoral” a estudiar como requisito indispensable y obligatorio antes de emitir el voto e incluso antes de resignarse a aceptar la inscripción de candidatos de dudosa reputación.

Porque, ¿qué sucede cuando asume el poder un personaje cuestionado por sus antecedentes? ¿Tiene la ciudadanía la potestad de impedir la participación de personas indignas de tal honor o debe resignarse a verlos apoderarse de espacios y recursos? Cuando un país lucha por su integridad institucional y, en ese camino, se encuentra sometido a fuertes presiones de todos los sectores para enderezar sus entuertos, sus mejores opciones residen en el redireccionamiento de políticas internas hacia la equidad y la justicia.

Las malas prácticas deben señalarse del mismo modo como se reclama cuando el tratamiento médico provoca daños al paciente o cuando el edificio se cae por mal cálculo de los cimientos. Los funcionarios en el poder son empleados públicos, son responsables por el buen uso de los bienes nacionales y en lugar de actuar como virreyes de la corona deberían establecer normas de conducta estricta en sus equipos de trabajo. Así es como la mala práctica de entorpecer la creación de un servicio civil profesional, técnico y estable —para colocar a familiares o miembros del partido cuya única cualidad es ser familiares o miembros del partido— se ha convertido en una enfermedad endémica de la casta política.

elquintopatio@gmail.com