Escobar señaló que existen amenazas para su persona por las denuncias que efectuó durante el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de represalías directas hacia otras dos juristas que la apoyaron y fueron cambiadas de judicatura.
Mack en representación de la sociedad civil resaltó que en Guatemala se necesita una independencia judicial y durante el último proceso de comisiones de Postulación para magistrados de CSJ y Sala de Apelaciones, distintas organizaciones informaron sobre “las violaciones graves que se estaban haciendo”.
Según Mack la integración de la CSJ y la Sala de Apelaciones “fue un acuerdo de impunidad entre dos partidos políticos, uno saliente y el otro supuestamente entrante”.
Sobre los traslados de judicatura, Mack apoyo a Escobar en que las decisiones fueron por represalias, acciones que supuestamente se pueden evidenciar en el traslado de algunos otros jueces que se han manifestado en contra de las disposiciones de la Corte.
Niegan acusaciones
La magistrada Vitalina Orellana y Orellana, en defensa del Organismo Judicial, señaló que el traslado de judicaturas se hizo de forma obligada porque se necesitaba el traslado de jueces y no obedece a represalias.
Orellana y Orellana, reconoció que “la población actúa -por su propia cuenta- porque no creen en la justicia, ni los jueces”.
La magistrada también señaló que Escobar ha recibido algunos beneficios personales como una licencia para ausentarse de sus labores por un año, además de protección personal pagada por el OJ.
La magistrada Delia Dávila, que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), también respaldó a Orellana y señaló que existe una fortaleza en el poder judicial y la integración de la última Corte se hizo conforme a la Ley, aunque se necesitan reformas que ya se discuten en el Congreso.
Dávila cuestionó: “La magistrada Escobar se refiere a amenazas pero la CSJ le brinda vehículo blindado y agentes que nadie más tiene. Será esto una represalia”.
Agregó: “Un juez es juez en cualquier lugar de la República”, concluyó Dávila en clara referencia a la oposición de Escobar al traslado de judicatura.
