Hacer público el retiro de visa a la señora Blanca Stalling y sus hijos es un fuerte mensaje que envía el gobierno norteamericano al Pacto De Corruptos, en este caso, a su división en el Organismo Judicial: el “Cartel de la Toga”. Tal y como ha sido notificado, hay además otras 150 personas a quienes también se les ha revocado la visa norteamericana recientemente. Los nombres de estas otras personas no son públicos, lo cual debilita dos de los efectos más significativos que tiene una medida de este tipo: la sanción social y el ejemplo a otros de lo que les puede ocurrir si emulan este actuar.

Es una vergüenza que sea otra nación la que imponga sanciones de esta envergadura a ciudadanos guatemaltecos, pero ante el desparpajo y los niveles de impunidad que estamos viendo en el sistema de justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en la Contraloría General de Cuentas, y hasta en la propia Usac, cuyo rector permanece impávido ante una flagrante violación de la ley al alquilar propiedad universitaria de uso común a una empresa lucrativa, pues va quedando poco remedio más que aplaudirlas. Es más, parece que estos hechos ejemplificantes ya no alcanzan. Se requieren acciones de otra escala, pues estas bandas delincuenciales saben bien como resistir haciendo uso de todos los recursos financieros, políticos y legales que les da controlar al Estado. Que los esquilmen de uno en uno no daña la estructura del Pacto; siempre habrá un siguiente sujeto dispuesto a tomar el lugar que quedó vacío. Se requiere, por ende, una acción más sistémica y de mayor alcance para dislocar y desmantelar el Pacto de Corruptos.

Muchos de sus integrantes tienen el cuero tan grueso que poco les importa no volver a pisar jamás suelo norteamericano, pues siempre pueden disfrutar del dinero mal habido en otras latitudes. He ahí otra razón y ámbito para un actuar concertado de la comunidad internacional que se preocupa todavía por Guatemala y Centro América. Sería deseable, entonces, que la Unión Europea y otros países adoptaran medidas similares. No digamos, imponer sanciones que toquen sus bolsillos, los activos económicos y financieros que este tipo de personajes suele tener en esos países.

Mientras el sistema de justicia esté cooptado por el Cartel de la Toga, el Ministerio Público siga retrocediendo el camino que ya había avanzado, y el Mingob siga siendo desmantelado despiadadamente y a la vista de todos, la ciudadanía común está en riesgo y el proceso de organizarse y animarse a generar masivamente el recambio del sistema político será todavía más cuesta arriba y tomará mucho más tiempo. Lamentablemente, tiempo es lo que ya no tenemos. Por cierto, no ayuda tampoco el actuar errático del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, que están permitiendo la inscripción de sujetos que ya han hecho un tremendo daño al Estado o que son tránsfugas buscando otro ciclo de impunidad.

Urge la acción vigorosa de la comunidad internacional. Estamos en los albores de otro período de oscuridad que perfectamente podría durar otros 20 o 30 años si se permite que el Pacto de Corruptos y los grupos económicos que lo respaldan se salgan con la suya. Han sido tolerantes en Honduras y hasta con Nicaragua; en El Salvador, el presidente electo la tiene cuesta arriba, pues allá también parece que se está fraguando un Pacto, frente a la posibilidad de una Cicies.

Dos meses y medio quedan para las elecciones en Guatemala; parece ser la última oportunidad antes de condenar al país a otros cuatro años más de oscuridad y retrocesos de desarrollo, con las consecuentes amenazas a la seguridad regional que ello implica.