La operación para desmontar la red de corrupción enquistada en la Caixa Económica Federal, una de las más importantes empresas estatales de Brasil, se produce en momentos en que la Policía, la Fiscalía y el Congreso investigan un gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país y también pública.
El caso de corrupción en Petrobras es investigado desde hace un año y por el mismo ya han sido condenadas once personas y son juzgadas otras 82, en tanto que la Corte Suprema autorizó investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, 35 de ellos parlamentarios, de los que se sospecha que se beneficiaron de los millonarios desvíos.
La indignación con la corrupción en Petrobras fue señalada como el principal motivo de las protestas antigubernamentales que movilizaron a cerca de dos millones de brasileños el domingo en diferentes ciudades.
La Policía Federal dijo haber movilizado a 133 agentes en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores estados de Brasil, para desmontar la organización acusada de los desvíos en la Caixa Económica Federal.
Protestas contra la presidente de Brasil. (foto (Prensa Libre:AFP)
El juez responsable de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus funciones.
Los responsables por la operación también dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.
Según la Policía Federal, con la complicidad de gerentes y funcionarios de la Caixa Económica Federal y presentando documentos falsos, la banda conseguía obtener en tiempo récord préstamos por hasta un millón de reales (unos 312.500 dólares) para adquirir viviendas que costaban menos de la décima parte de ese valor o no existían.
Los fraudes estaban concentrados en tres agencias del banco público y facilitaban los préstamos para viviendas en un área turística conocida como la “región de los lagos”, en el estado de Río de Janeiro.
Los involucrados en la organización pueden ser acusados de los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documentación pública, fraude, corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero.
Investigación de corrupción
La investigación judicial que marca al segundo Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sobre la corrupción en Petrobras cumple hoy un año, con 50 políticos investigados, exdirectivos de la petrolera estatal y de empresas constructoras presos y un clima de protestas populares.
La operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero de la historia de Brasil, desenmascaró hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la formaban parte empresas de la construcción, directivos y políticos.
Según la acusación, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la red de corrupción y los políticos que amparaban esas maniobras ilegales.
El caso marcó la agenda política durante las elecciones del 2014, en las cuales Rousseff fue reelegida por un margen de 3.28 % frente al senador opositor Aécio Neves, y se ha convertido en el principal nudo de la discusión política en el segundo mandato iniciado el 1 de enero recién pasado.
La corrupción en Petrobras ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en el 2011, y también fue el principal motivo de las protestas del domingo recién pasado, de acuerdo a una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
Dos millones de personas, en una veintena de ciudades de Brasil, protestaron contra la gestión de Rousseff, pero sobre todo arrastradas por las escandalosas revelaciones de los sobornos y sobre-facturación en la empresa petrolera que es uno de los símbolos de ese país.
Frente a las manifestaciones, donde existen grupos que reclaman la destitución de Rousseff, la presidenta prometió el lunes recién pasado un paquete de medidas para enfrentar con mayor rigor la corrupción, pero insistió que su Gobierno ha sido el que más cerco ha puesto a este delito.
Desde el comienzo de la operación Lava Jato (Lavado a chorro), el 17 de marzo del 2014, la Fiscalía brasileña ha interpuesto 20 denuncias contra 103 personas, entre ellas el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
Además han sido detenidos cinco ex altos cargos de la petrolera, dos de los cuales se confesaron culpables y realizaron un acuerdo de delación premiada con la Justicia a cambio de una reducción de la pena.
Miles de brasilesños protestan en varias ciudades de Brasil contra Rousseff.
De acuerdo con la Fiscalía, Vaccari mantenía encuentros regulares con un exdirector de Petrobras para supuestamente convertir en donaciones legales de campaña al PT el dinero sucio producto del pago de sobornos a directores de Petrobras por parte de empresas constructoras.
El juez Sergio Moro, de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, a cargo del caso, apenas habla por sus escritos y se tornó implacable en el ámbito judicial por ser uno de los más adeptos a usar la delación premiada para poder llegar al fondo de las investigaciones.
Asimismo, la máxima Corte del país abrió una investigación contra 50 políticos por su supuesta implicación en el caso, entre los que se encuentran los jefes de las dos cámaras legislativas y cinco exministros de Rousseff.
La Fiscalía estima que el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, es de unos 2.100 millones de reales (unos 646 millones de dólares).
