Cada uno de los asesinatos que se cometen en el país son inadmisibles y condenables. Y por cada muerte violenta debiera haber un proceso de investigación que permita dar con los responsables del crimen para que afronten la justicia. La impunidad es la peor de las señales para los asesinos.

La vida de un piloto de bus, de un taxista, de un guardia del sistema penitenciario, de un vendedor de agua pura o de un periodista tiene el mismo valor. Nadie debería ser asesinado, por ninguna razón. Una sola muerte debiera ser suficiente motivo para movilizar a esta sociedad que pareciera haberse acostumbrado a la violencia.

Sin embargo, el asesinato de un periodista no solamente termina con su vida, sino atenta de forma directa contra un derecho inalienable, el de la libertad de expresión, que no es exclusivo de quienes ejercemos esta profesión, sino de la sociedad en su conjunto. Se le está matando para terminar con su palabra, para acallar su voz, para asegurarse de que no pueda denunciar ni investigar hechos de corrupción, crímenes o vinculaciones de sectores de poder con grupos criminales. Se está matando también la posibilidad de que la población reciba información, conozca hechos que se quieren ocultar, sea partícipe del libre juego de ideas y de opiniones y ejerza su ciudadanía.

La intolerancia —característica de los corruptos, los autoritarios, los violentos, los extremistas y criminales— tiene su máxima expresión en los asesinatos de periodistas, pero pasa también por la censura, el cierre de espacios y las demandas civiles y penales contra comunicadores. Lo vimos en Francia, con el atentado contra la revista Charlie Hebdo, y lo vivimos en Guatemala, con el asesinato (en menos de una semana) de los colegas Danilo López, Federico Salazar y Armando Villatoro Ramos, y las heridas causadas a Marvin Túnchez.

Lo que no vemos es a los líderes políticos y a las máximas autoridades de los poderes del Estado encabezar una manifestación para rechazar desde las altas esferas cualquier atentado contra uno de los valores centrales de la democracia y el estado de Derecho, que tanto dicen defender, y lanzar un mensaje inequívoco de que no se tolerará ningún ataque más.

Estas muertes violentas además nos muestran la vulnerabilidad en la que se encuentran los colegas periodistas departamentales. Es precisa la reflexión profunda sobre las precarias condiciones en las que ejercen la profesión y las alternativas concretas que pueden tomarse para garantizar sus derechos, no solamente a la vida y a la integridad, sino a condiciones laborales dignas para su ejercicio periodístico; y en esto tienen mucho que decir los propietarios de los medios y las asociaciones de prensa.

Por último, es preciso señalar los vínculos cada vez más evidentes de quienes ejercen el poder político en el país con los grupos criminales; la situación actual de México nos da una idea de los niveles de violencia y terror que provoca la connivencia entre el crimen organizado y la dirigencia política, también en lo local.

¿Qué más se necesita para hacernos entender que no podemos dejarnos arrebatar ni la libertad, ni la vida?