Desde que se ha dejado en manos de amigos de los presidentes o gente cercana a ellos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no ha dejado de dar de qué hablar y en ese sentimiento confluyen dos vertientes: la de su oscuro manejo y la de un deficiente servicio. Dos problemas alrededor de los cuales en los últimos años se ha acrecentado el debate y constantemente se agregan nuevos argumentos.

La primera señal de alarma, que surge de las propias autoridades de la institución, es que quienes han ocupado los más altos cargos en ella han terminado envueltos en líos con la justicia, y aún resuenan los ecos de los malos manejos que se dieron durante la administración de Alfonso Portillo, cuando las máximas cabezas del IGSS terminaron en la cárcel por haber incurrido en excesos al utilizar millonarios recursos para hacer inversiones oscuras y sospechosas que han puesto las finanzas de ese ente en constante riesgo.

Precisamente en estos días se ha declarado prófugo al penúltimo de los gerentes del Seguro Social, quien fue defenestrado mediante una campaña propia de servicios de inteligencia para desalojarlo del cargo, y solo queda que se le puedan documentar algunas irregularidades, entre ellas sus escarceos sexuales que ventilaron sus detractores, que en todo caso es material que continúa abundando en el desprestigio institucional, sin que se vislumbre que pueda existir una corriente que busque enderezar el rumbo.

Las actuales autoridades no han estado exentas de señalamientos por oscuros manejos, y precisamente el pasado jueves se dio a conocer en el Congreso que la Contraloría General de Cuentas de la Nación había expresado su inconformidad con que el Seguro siguiera adelante con la construcción de una megaobra conocida como Ciudad de la Salud, la cual podría costar nada menos que Q3 mil 500 millones. Un proyecto a todas luces faraónico, que además no ha sido debidamente justificado, cuando en los servicios actuales persisten muchas anomalías.

Esta es una de las últimas invenciones de la actual dirigencia del IGSS, que ha pasado también por renovar a cuanto proveedor ha querido, y todo ello ocurre con el dudoso criterio de que las nuevas adquisiciones se hacen por representar menores costos, aunque eso les pueda costar la vida a los pacientes. Además, en esta nueva aventura se pretende adjudicar el megaproyecto a una empresa que afronta problemas en otro país, y es por ello que las autoridades de la Contraloría se muestran contrarias a su ejecución.

Hay que recordar que esa ha sido la tentación que no pudieron evitar las administraciones anteriores, y que, al parecer, la actual tampoco da muestras de que esa situación pueda cambiar, ya que son constantes los intentos por gastarse los fondos del Seguro Social, y es obvio que lo que menos les interesa es mejorar la atención a los afiliados. Una buena señal que podrían dar quienes hoy tienen a su cargo la conducción del IGSS sería promover de inmediato cambios sustanciales que modifiquen las condiciones en las que se atiende actualmente a los pacientes.