Hace dos días fueron asesinados dos periodistas y uno quedó herido. Sucedió en el parque central de Mazatenango, a 15 metros de la estación policial y frente a Gobernación Departamental. Aquí hay muchos temas que podríamos sacar. El primero y más evidente es el de la posesión de armas en nuestro país, causa de tantas muertes. ¿De dónde las sacan, quiénes y por qué tan impunemente las usan? Luego vienen otros temas que van ahondando un poco más: por ejemplo, existe la falsa percepción de que haciendo retenes, armando a la población, sacando al Ejército a las calles o cerrando los barrios con talanqueras y alambre con cuchillas estamos más seguros. En realidad, lo que se ha propiciado con toda esta violencia es una floreciente economía de la seguridad para unos pocos dueños de armerías, empresas de seguridad y afines. Pida las cifras de asesinatos y verá que no han descendido. En el caso de los asesinatos de mujeres, incluso han subido. La violencia es un negocio muy rentable.

Un tercer tema puede ser la relación del Estado (por acción u omisión) con los hechos de violencia. Si la censura y la autocensura tienen que ver con un terrorismo de Estado o sólo con el crimen organizado, que tan particularmente toca la vida en el interior del país. Aunque la polémica sobre lo que significa terrorismo de Estado se sostiene, en términos generales, y según la erudita Wikipedia, consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado.

Y aquí entran las amenazas, la persecución ilegítima, secuestros y desapariciones forzosas, torturas, asesinatos o ejecuciones extrajudiciales; la creación de organizaciones terroristas clandestinas convencionales (reales o simuladas), el apoyo a las mismas o la negligencia deliberada en su persecución; la realización abierta de operaciones militares con el objetivo de vencer al “enemigo”, normalmente mediante el uso de armas cuyas características producen un grave estado de inseguridad y temor en la población civil; entre otras. Según el portal web de Cerigua, Danilo López, uno de los asesinados, había sido amenazado por el alcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez, debido a una nota publicada y a la fiscalización de los presupuestos de aquella alcaldía. El alcalde: un funcionario de Estado; los policías cercanos: funcionarios también; la presencia de asesinos en un marco de crimen organizado: evidencia de ausencia de Estado. ¿Terrorismo de Estado?

Finalmente, el tema de los derechos humanos. El derecho a la vida está en nuestra Constitución, y existe un artículo ratificado por el Estado guatemalteco. Es el número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Cada vida cuenta en Guatemala, y cada voz cuenta para la democracia.

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