Valoro la oportunidad de contar con este espacio para reflexionar sobre las instituciones que podrían contribuir a mejorar el bienestar de los guatemaltecos. La responsabilidad es grande. Esta columna se inaugura en medio de un punto de inflexión para el país. Nace días después de la convocatoria a una contienda electoral atípica, guiada por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) desprestigiado y un conjunto de reglamentos sin probar, y precedida por largos meses de una aguda polarización. Se rumora que nuestro frágil sistema democrático desfallece. Los costos de la guerra contra la corrupción podrían, en balanza, exceder los beneficios sociales cosechados. Y, en parte debido a esa obsesión por cazar a personajes corruptos, notamos cómo hoy muchas decisiones que antes se tomaban en el mercado económico o en la arena política están en manos de las cortes, también cuestionadas.

Los sucesos políticos se entrelazan con los índices de violencia y el desempeño económico del país. Aunque los índices de violencia muestran un descenso en homicidios en el 2018 respecto de años anteriores, los ciudadanos aún nos sentimos vulnerables frente a la criminalidad, sobre todo debido a frecuentes hurtos y extorsiones. Lógicamente, la incertidumbre política y la violencia inciden directamente en los patrones de ahorro, inversión y producción. Desde el 2016, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) tiende al alza, pero muy levemente. ¡No basta crecer 3.5% al año si hemos de alcanzar mejoras significativas en el nivel de vida de los guatemaltecos!

¿En qué dirección deberíamos apuntar la proa del barco Guatemala? ¿Qué metas son prioritarias para progresar? Estas preguntas permean el ambiente en tiempos como éste, a las puertas de un cambio de gobierno. La crisis que atravesamos podría constituir una oportunidad para bien, siempre y cuando priven algunos principios de la libertad señalados como esenciales por numerosos intelectuales y la experiencia histórica.

Soñamos con una Guatemala poblada por personas libres y responsables, quienes interactuamos voluntariamente en un clima de cooperación y confianza. Dicha cooperación social descansa sobre los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, debidamente reconocidos por la constitución como derechos anteriores y superiores al estado. De esa cuenta, urge consolidar un estado de Derecho anclado en nuestras raíces culturales. Debemos gozar de igualdad ante la ley; nuestras leyes deben ser generales y abstractas; se debe respetar el debido proceso y la presunción de la inocencia; y debe cesar el uso arbitrario y abusivo del poder político.

El gobierno debe jugar un papel secundario y subsidiario en nuestras vidas. Cuando el gobierno absorbe innumerables atribuciones y poder e interviene constantemente en las vidas de los ciudadanos, mina su propia eficiencia y reduce los ámbitos de libertad individual.

La razón de ser de toda organización social, política y económica es la persona. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, investido de una dignidad que deriva de nuestra condición de hijos de Dios. Cada vida cuenta y merece respeto irrestricto. El entorno ideal para que cada persona potencie su proyecto de vida es una sociedad libre y abierta: abierta a la innovación, a la creación de riqueza y a la movilidad social.

Como intuyó Lord Acton (1834-1902), el hecho que las instituciones sociales pueden ser corrompidas por malas ideas implica que pueden ser rescatadas por buenas ideas. Las ideas de la libertad merecen ser defendidas siempre.