Que no se nos olviden los Acuerdos de Paz y los compromisos de nación establecidos en ellos. Que no se nos olviden los dos primeros artículos de nuestra Constitución Política: Artículo 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Que no se nos olviden los innumerables tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos. Que no se nos olviden los derechos humanos, tan desacreditados, manoseados y vaciados de contenido por detractores y hasta por defensores. Que no se nos olvide tampoco la Guatemala que podemos ser, a pesar de nuestros males actuales: una corrupción endémica, una impunidad incuestionable, una violencia sostenida y un Estado pauperizado y secuestrado por grupos de poder. En teoría, esto justificaría aquí o en Marte la presencia de un ente como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En la práctica, tenemos casos paradigmáticos como el de Cristina Siekavizza y el de los Ríos (Montt y Sosa), entre otros muchos, que involucran al Estado como cómplice en la comisión de los delitos. Casos que piden a gritos independencia judicial, pronta y cumplida justicia, y el saneamiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley. Pero mientras la justicia dependa de los “conectes” que han ayudado a tantos a escalar posiciones en el andamiaje del Estado (vía comisiones de postulación o decisiones arbitrarias sin más criterio que la amistad o el patrocinio económico), muchos harán lo imposible para obstaculizar procesos judiciales tendientes a quebrar la impunidad. Y es que muchos tienen miedo de ser los siguientes.

Ahí tenemos el caso de la jueza de Primera Instancia, Claudia Escobar Mejía, quien renunció el año pasado al cargo de Magistrada de Apelaciones, luego de ser reelecta para el cargo. Ella tomó esa decisión después de anunciar que la elección del 75% de los restantes 209 juristas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), había estado plagada de graves vicios. Hoy, más de 70 jueces, magistrados y funcionarios judiciales que entonces la respaldaron, son víctimas de persecución y acoso por parte de magistrados de la actual CSJ. Desde supervisiones preventivas para iniciar procesos disciplinarios sin motivo alguno, hasta despidos injustificados o traslados a lugares muy distantes de su domicilio o destino natural, todo se está dando. ¿Dónde queda la independencia judicial? O más bien, ¿qué es eso en Guatemala? ¿Solo este hecho no justificaría la presencia de una Cicig cuyo mandato es la investigación —junto al Ministerio Público— de cuerpos ilegales?

Está claro que acciones como esas no afectan solo a 70 personas de manera directa. Afectan a la población guatemalteca en general. Es difícil creer que los encargados de la justicia que eligen las rutas de la venganza puedan aplicar la ley de manera justa y a partir de la ética. ¿Qué dice el procurador de los Derechos Humanos acerca de esto? ¿Qué dice la cooperación internacional que algo tiene que ver con esto? ¿No es acaso la certeza jurídica el bastión de un Estado sano, justo y productivo? ¿Qué decimos las y los ciudadanos de este nuevo atropello?

La Cicig, además de ser muy cara, ha cometido innumerables errores de índole política, estratégica y táctica desde su instalación en Guatemala. Pero sin la Cicig dudo que estuviéramos hablando de estos temas; dudo que se hubieran llevado a la justicia tantos casos que han caminado bajo la presión que este ente ha ejercido; dudo que se hubiera removido tanta agua estancada en el subsuelo guatemalteco. En fin, dudo que se estuviera comenzando a quebrar la impunidad, tan arraigada en el país.

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