Lo que había empezado hace pocas semanas como un rumor, se hizo oficial el miércoles último en el Organismo Judicial con al menos el traslado de dos juezas que participaron en octubre del año pasado en una conferencia de prensa acompañando a la magistrada Claudia Escobar, quien denunció serias irregularidades en el proceso para elegir a magistrados. Un nuevo motivo de preocupación que desencadena suspicacias sobre el rumbo y el estilo con que deben actuar otros juzgadores.

Este caso despierta mucha desconfianza porque es sabido que como consecuencia de la última elección de magistrados, la imagen de ese alto organismo sufrió un duro revés en su credibilidad, y con el rumor de que muchos de los que habían participado en aquella protesta serían cambiados de judicatura se acrecienta esa percepción negativa sobre lo que se podría esperar en la impartición de justicia. Incluso algunos medios citaron abiertamente a Vladimir Aguilar como quien encabeza ese infame movimiento.

Al final, lo más lamentable es que esos rumores no solo se confirmaron, sino que se ratifica que está en marcha una ofensiva para castigar a jueces que resultan incómodos para la actual cúpula de la Corte Suprema de Justicia, que es la que se atribuye el mérito de actuar por unanimidad, como si este criterio los revistiera de un carácter de infabilidad, cuando es conocido que los movimientos de jueces deben cumplir un procedimiento establecido, precisamente para evitar suspicacias.

De hecho, el miércoles, cuando el presidente de la CSJ, Josué Felipe Baquiax, anunció esos cambios, ni siquiera aceptó cuestionamientos de la Prensa para explicar las rotaciones y, como ha sido su estilo, se limitó a pretender justificar los traslados, cuando él debiera ser el primero en defender el debido proceso, sobre todo cuando se trata de medidas que, además, deberían estar debidamente fundamentadas, consensuadas y comunicadas adecuadamente, para evitar batallas como las que ahora empiezan, que implican una defensa de la dignidad de los señalados.

Esto último es mucho más importante de ventilar, porque el magistrado Baquiax lanzó serios señalamientos para defender los cambios; de hecho argumentó que uno de ellos obedecía a denuncias contra la jueza Yeni Molina, de quien supuestamente se quejó un grupo de abogados, por mal desempeño en su labor, como si una simple objeción fuera suficiente para sacar conclusiones antojadizas, ya que la presunción de inocencia aplica para todos, y lo mínimo que cabe esperar es que se respete el debido proceso antes de aplicar tan sospechosas medidas.

Nuestro sistema de justicia es uno de los más cuestionados, y la percepción sobre su mal funcionamiento se acrecienta con hechos como los hoy comentados, que no parecen ir en la ruta de una corrección de vicios, sino en la profundización de una crisis que se ha acentuado con el manipuleo que los políticos han hecho del sistema de justicia, y esto se agrava cuando se prestan a ello profesionales pusilánimes, carentes de dignidad, que están dispuestos a manosear las instituciones al gusto de sus patrocinadores.