“Es un tipo de argucia legal para llevar a cabo compras y contrataciones por la vía de la excepción, primero porque no se justifica que ocho meses después de la tragedia se siga prorrogando el estado de calamidad, y no es el único, es una práctica que este Gobierno ha implementado como por ejemplo, por la errupción del Volcán de Fuego, la sequía, entonces tienen argumentos con base en los fenómenos naturales que le han dado algunos argumentos para hacer las prórrogas que han tenido poca efectividad”, afirmó Flores.
El experto añadió que lamentablemente la ejecución presupuestaria del actual Gobierno ha sido poco transparente, “ya sea que las compras se hagan en un marco de emergencia o de contrataciones normales, es decir prácticamente la transparencia en este Gobierno ha estado ausente en ambos tipos de procesos”, aseguró el entrevistado.
Última fase
Jorge Ortega, portavoz de la Presidencia, indicó que no se han concluido los trabajos de reconstrucción de las viviendas damnificadas por lo que se requiere de la prórroga del estado de calamidad.
“Todos los insumos básicos ya están en bodega pero lo que hace falta es el traslado hacia el lugar donde se utilizarán, así como la construcción de las viviendas que ya es la última fase”, dijo Ortega.
Explicó que el cuerpo de Ingenieros se encuentra trabajando en el lugar y que en un período de entre 12 a 15 días construyen una casa en conjunto con los albañiles que han contratado las familias afectadas, y que el trabajo se hace de manera simultánea con el propósito de concluir en el menor tiempo posible.
Son 1 mil 351 casas las que están pendientes de ser construidas, y la mano de obra local que se contrata tiene un costo de Q8 mil 500. Mientras tanto el costo total de cada vivienda es de Q42 mil.
Por medio del decreto gubernativo 4-2015, el Ejecutivo prorroga el estado de calamidad por el terremoto ocurrido el 7 de julio de 2014 en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez; debido a que aún persisten los efectos del sismo.
Esta es la octava prórroga por 30 días que el Ejecutivo lleva a cabo con la finalidad de continuar con las acciones para atender la emergencia que surgió a raíz del terremoto y que dejó pérdidas personales y materiales.
