Hace más de tres años se ha venido cabildeando en el Ejecutivo y luego en el Congreso una iniciativa de ley en cuyo contenido está la forma en que continuarán las zonas francas y las maquilas. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, con estas normativas se han creado 966 empresas bajo el régimen 29-89 y 16 zonas francas, amparadas en el decreto 65-89, ambas han generado 544 mil 88 empleos. De no existir una ley que dé continuidad a estos beneficios, existe el riesgo de que muchas de estas empresas y empleos puedan desaparecer o moverse a otros países con legislaciones más atractivas que las nuestras.

Esta nueva ley contempla la creación de zonas económicas de inversión y empleo (ZEI), que serán áreas físicamente limitadas, en las que las mercancías allí introducidas se considerarán como si no estuvieran dentro del territorio aduanero nacional, y unidades económicas de inversión y empleo (UDI). El propósito es mejorar las condiciones económicas, para incrementar los niveles de empleo formal, promover y aumentar las inversiones nacionales y extranjeras y mejorar la competitividad para lograr el desarrollo económico integral del país. La ley extiende el plazo de exención del impuesto sobre la renta y privilegia el interior de la República, pues establece 15 años para el departamento de Guatemala y 25 para el interior.

El problema radica en que Guatemala, después de una prórroga concedida por la Organización Mundial del Comercio, de la que es miembro, se comprometió a eliminar toda subvención a sus exportaciones, y deberá hacerlo el 31 de diciembre del 2015; por tanto está obligada a desmantelar los decretos 29-89 y el 65-89. Debemos tener una ley moderna que incorpore incentivos de nueva generación y permita atraer inversión, así como generar empleo. La coyuntura actual del país complica la situación, pues el Congreso no ha agendado el tema. Estamos a escasos días de Semana Santa y se prevé que por ser año electoral, al regresar de la Semana Santa, la discusión de leyes en el Congreso entre en suspenso, por la dedicación de sus miembros a la campaña política. Los días están contados. Otros países tienen ya sus legislaciones en el tema y van a la vanguardia en la atracción de capitales.

Existe preocupación respecto del tema, por lo que se hace un llamado a los jefes de bloques en el Congreso para que agenden la discusión de esta iniciativa lo más pronto posible y, con ello, demostrar que hay genuino interés por el país y su desarrollo. De lo contrario, la patria saldrá muy lastimada y continuará en la zozobra jurídica, que en lugar de atraer inversiones las repele.

Además, se hace un llamado a las empresas que se acojan a este decreto para que actúen responsablemente y respeten el espíritu de la ley, sin caer en argucias legales que les permitan evadir sus compromisos ante la sociedad. Se ha sabido de empresas que en la anterior ley, al cumplir sus 10 años de exoneración, emigraron a otros países sin cumplir sus compromisos laborales o simplemente cambiaron de nombre para continuar con los beneficios que la ley les otorgaba.

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