El acuerdo fue alcanzado el jueves recién pasado durante una reunión, en Quetzaltenango, entre autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y del Ejército.
Brenda Muñoz, asesora de la cartera de Gobernación, explicó en un comunicado, publicado en el portal de esa institución, que la reunión en Quetzaltenango fue de utilidad para que las autoridades detectaran las debilidades que presenta el tema de seguridad en la región.
Agregó que el siguiente paso será desarrollar lineamientos que permitan combatir la violencia en el área.
“Cada uno de los lineamientos serán ejecutados y posteriormente se llevará a cabo otra reunión de evaluación, para determinar si las estrategias que se están aplicando son efectivas en el combate a la criminalidad”.
El trabajo de la Policía Nacional Civil se va a fortalecer si se refuerza la labor interinstitucional”, dijo Muñoz.
Dora Alcahé, La gobernadora de Quetzaltenango, indicó que con este trabajo conjunto se le dará seguimiento a los delitos más frecuentes en la región, entre ellos el robo a comercios.
Extorsiones
De acuerdo con estadísticas de la PNC, Quetzaltenango es el departamento del occidente más afectado por el tema de las extorsiones, pues según empresarios del transporte de pasajeros, el 70 por ciento de ellos es afectado por ese fenómeno.
Estuardo Miranda, vicepresidente de la Asociación de Transportistas de Quetzaltenango, señaló que las extorsiones y amenazas siguen, y que tienen registrados tres grupos que los acechan.
“No hemos visto ninguna disminución en las extorsiones, siguen las presiones y el 70 por ciento de los transportistas está pagando de Q300 a Q500”, dijo.
Agregó que hay 600 unidades colectivos en circulación, lo que significa que al mes se paga a los extorsionistas Q250 mil, lo que se traduce en Q3 millones al año.
